CAMPAÑAZO
En el día 17 de marzo, el diario La Nación titula una de sus noticias: “La convocatoria a Plaza de Mayo es furor en Facebook”, mientras que en la edición online del día anterior Clarín, en la sección El País, desarrolla un artículo sobre un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encabezado: “La SIP le reclama al Gobierno que ‘cese la escalada de hostigamiento’ hacia los medios”. A pesar de que una primera lectura no otorgaría puntos de conexión entre una noticia y otra, las dos forman parte de la campaña llevada adelante por los grupos multimediáticos para oponerse a la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión de la democracia (que reemplace a la vigente fechada en 1980).
El miércoles 18 en El Teatro Argentino de La Plata, el Gobierno nacional a través de Cristina Fernández presentará en sociedad el anteproyecto de la nueva Ley de Radiodifusión que se enviará para ser debatido en el Congreso. Dicho anteproyecto, a pesar de tener numerosas falencias en lo que refiere a los viejos reclamos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática (y también por estar sujeta a un contexto de disputa con el Grupo Clarín en claro favoritismo hacia el Grupo Telefónica-Telecom en el mercado del triple play), es un avance sobre la norma jurídica que legisle a la comunicación social en Argentina. En principio, porque se reduce la cantidad de licencias que puede explotar un mismo grupo empresario (pasa de 24 a 12), pero también por algunas concepciones sobre lo “público” en la participación de ONG’s, organizaciones sociales, universidades, etc, antes exclusivamente ligadas a las empresas privadas, etc. También, la disputa del negociado se manifiesta en la intención de considerar la transmisión deportiva como de “interés público”, lo que acarrearía la pérdida de una porción considerable de un negocio multimillonario hoy monopolizado por el grupo del gran diario argentino. Estas y otras razones son motivo suficiente –como lo demostró Clarín desde sus inicios- para entablar una disputa económica con el Estado que se expresa en numerosas alusiones culturales e ideológicas por el control de la información en el país.
Por eso, no es casual que las páginas del periódico se empiecen a ocupar de la “ausencia de libertad de expresión en el país” y el “hostigamiento” de la pareja presidencial hacia los “medios independientes”, sobre todo si la información es avalada por el SIP, Sociedad integrada –no casualmente tampoco- por las gerencias de importantes diarios norteamericanos y colombianos. Esta corporación, asimismo, es reconocida por sus ataques furibundos a cualquier tipo de control gubernamental y estatal sobre la prensa, defensa acérrima de los postulados neoliberales y abierta ofensa contra el régimen socialista de Cuba.
Por otra parte, y atando cabos, podemos inferir que la convocatoria a la marcha farandulera contra la inseguridad obedece en parte al intento de desviar el foco de la cuestión (y las cámaras televisivas) desde el Teatro Argentina de La Plata hacia esa manifestación. Susana Giménez, Facha Martel, Guillermo Coppola, y Ana María Picchio, a pesar de sus diferencias expresivas sobre el problema, son unidos por un lado por la secuencia de ataques delictivos sufridos con muy poca diferencia de días sino, y fundamentalmente, su condición de “famosos”, facilita los intereses empresariales de darle voz y representación a los partidarios de la mano dura. Esto, sumado a intereses políticos específicos comandados por figuras nefastas (desde Francisco de Narváez a Gabriel Lombardo de Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, Diario Sur, domingo 15 de marzo), completan un panorama pre-electoral de presión y puesta en práctica de luchas reñidas sobre la distribución de la riqueza y de la información en el país.
Finalmente, podemos intuir meses venideros de disputas y contiendas fuertes que muestran el fuerte vínculo social de los medios y la política, no sólo por la instalación de problemáticas en la agenda pública sino (y derivado de eso) cuestionamientos a las políticas económicas más generales (recordemos la importancia de La Nación y Clarín en la composición de Expoagro, paradigma del aglutinamiento patronal del campo). Así las cosas, ya vemos que no importa tanto lo que Susana Giménez dijo o haya querido decir, como los intereses políticos y económicos que se valen de eso para desarrollar pedidos y presiones que sólo contemplan el beneficio sectorial en detrimento del bienestar social.
Es así de fundamental importancia, pujar por una sanción de una ley en democracia que regule el espacio radioeléctrico pero también las composiciones estructurales de los dueños de esos medios, para que la sociedad –en mejor posición para discernir entre las bombas de humo y las noticias importantes- sepa quién dice qué y cómo. A fin de cuentas, quitar las vendas de los ojos sobre la importancia que tiene la información en la era globalizadora y por qué es tan importante ser conscientes de que, así como en la economía más general, no tienen por qué ser tan pocos quienes controlan y manejan tanto.
