DENUNCIAN A FUNCIONARIOS PORTEÑOS POR VIOLENTOS DESALOJOS

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Los funcionarios porteños de la UCEP (unidad de Control del Espacio Público) irrumpieron aproximadamente a las 5 am del viernes 27 de febrero en el edificio de la Avenida Paseo Colon 1588. Se trata de la “fuerza de choque anticirujas” como la definió el periodista Lucas Morando en una investigación para el Diario Perfil. “Un cuerpo de 29 civiles bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso que trabajan de sol a sol, en tres turnos de ocho horas y con una agenda bien clara para limpiar de intrusos los lugares públicos, en nombre de la ley”, asegura Morando en el informe.

Los funcionarios de la ciudad de la UCEP en pleno allanamiento. Foto AM.

La Defensoría del Pueblo porteña registró por lo menos tres episodios de uso de la violencia contra recicladores o personas en situación de calle. En la misma nota se hace referencia al alegato del recuperador urbano Diego Pérez, que informó “que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño”

Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia “Inmaculado Corazón de María” ubicada en la calle constitución 1077, aseguró al periodista de perfil que el 7 de octubre a la 1 A.M. a metros de la institución religiosa, “fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron volverían e incendiarían sus pertenencias”

El mismísimo Ministro de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, Esteban Bullrich confesó en una nota al matutino Página 12 los lineamientos conceptuales de la gestión macrista en materia de políticas habitacionales, “la ciudad debe crear centros verdes para darles un ámbito de trabajo. No queremos que la gente esté en la calle, con chicos que duermen cerca de la basura. El Ministerio de Espacio Público está acelerando el proyecto de centros verdes, porque ahora traen a toda la familia, ensucian el espacio público y le sacan a los vecinos la posibilidad de pasear por una plaza. Es un espacio de todos, no de un grupo determinado”

El lunes de 31 de marzo de 2008 a las 10:30 hs Juan Domingo Giménez que vive con su familia hace una década en la Plaza Cecilia Grierson (Perú y Av. San Juan) fue visitado por tres personas que se presentaron como agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos se identificó con el nombre Cristian López.

¿Vos vivís acá?
Si.
Bueno. Tenés 24 horas para irte…

Impresionante operativo policial en la madrugada del 27 de febrero. Foto AM

A las 14 horas del viernes 4 de abril del mismo año, Juan Domingo una vez más soportó el maltrato de desconocidos. O no tanto. Esta vez el funcionario porteño que se acercó fue Daniel Sbora, quien estaba acompañado por otras cinco personas y un patrullero. Juan Domingo le aseguró a este medio que recibe permanente amenazas y amedrentamientos psicológicos, como los son las recurrentes visitas de asistentes sociales que relevan una y otra vez sus condiciones de vida. Por otra parte personal del gobierno porteño sacan fotografías, y los insultan a diario.

A fines del año pasado la Asociación Civil Médicos del Mundo Argentina (MDM), publicó un informe que tituló “Salud en calle”, en cuya presentación el Presidente de MDM Argentina, Gonzalo Basile denunció “acciones de persecución, represión y maltrato de parte de funcionarios de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) de la ciudad en distintas plazas y paradores”. En ese sentido agregó que la ONG recabó testimonios de indigentes que sostienen que “grupos de civil que se presentan como integrantes del gobierno porteño golpean y, luego, expulsan a las personas en situación de calle de los lugares donde pueden, por el momento, sobrevivir”

La diputada porteña, Liliana Parada (Bloque Solidaridad e Igualdad-CTA), ratificó una denuncia penal contra Juan Pablo Picardo tras la decisión del ministro de Espacio Público de mantener la UCEP. La legisladora afirmó durante la discusión del presupuesto de la ciudad en el parlamento porteño que dicha unidad debe eliminarse. Según el decreto 1238 por el que fue creada, “habilita a esta gente a mantener el espacio público libre y ordenado por medio de la persuasión. Y he recibido denuncias de que la gente que, según ustedes, usurpa el lugar público, ha sido retirada a patadas, de manera violenta, los despojan de sus frazadas, se las queman. Esto es un acto violatorio de los derechos humanos".

Es en este contexto que debe entenderse el violento desalojo de los ahora ex habitantes del edificio ubicado en Paseo Colón, frente al Parque Lezama. En esa triste madrugada los “muchachos de la UCEP” se hicieron presentes con una supuesta “orden de desalojo administrativo”. La propuesta de solución habitacional para las familias desvalidas con sus humildes pertenencias en la calle se resumían en un subsidio único de $7000 pesos. Sin una propiedad como garantía, ninguna inmobiliaria alquila inmuebles, por lo tanto el dinero prometido por la gestión macrista no soluciona el problema de fondo de estas familias, con evidente futuro de engrosar las estadísticas de los porteños en “situación de calle”.

La trama había comenzado mucho antes. Hasta el año 2007, un camión sanitario del GCABA, cada quince días desagotaba los pozos cloacales, fumigaba mensualmente el edificio y proveía a los vecinos de volquetes para evitar la acumulación de basura. Además asistentes sociales trabajaban regularmente con las familias, realizando relevamientos de sus necesidades sociales más urgentes. En alguna oportunidad hasta se les proveyó de materiales eléctricos y cañerías para mejorar y asegurar las instalaciones y los servicios, siempre abonados en fecha. Todas esas prestaciones fueron suspendidas al inicio de la gestión de Mauricio Macri. La decisión del desalojo estaba tomada.

La agrupación “Aukache” organiza diferentes actividades sociales desde hace años en el edificio de Paseo Colón 1588 así como también en distintas zonas del barrio de La Boca y San Telmo. Rubén Rosmarino referente de la organización, fue uno los ocho detenidos por resistencia a la autoridad en aquella violenta madrugada. Lorena Vásquez responsable a cargo de la agrupación en charla con Alerta Militante aseguró que “existe una estructura de mantenimiento y alguien colabora en esa estructura para que, jamás caigan presos los que venden la droga. No puede entenderse que en años no pase nada y el miércoles se llevaron a 3 o 4 personas, pero eso no significa que tengan que desalojar 100 familias que podrían tener los recursos para vivir dignamente y tener su casa propia”.

La Agrupación Aukache en un comunicado de prensa denunció al gobierno porteño por la brutal violencia que se inició semanas atrás con “una campaña de amedrentamiento y extorsión, acompañada de amenazas telefónicas y apretadas varias. Ya el miércoles, personal del Ministerio de Desarrollo Social empezó a difundir entre las familias la falsa noticia de que existía una orden judicial de desalojo, que se haría efectiva el viernes”. Rubén Rosmarino una vez liberado aseguró a este medio que la organización presentará, fotos y material fílmico de los funcionarios de la ciudad responsables de la “brutal represión de las familias desalojadas”

Por otra parte la “Asamblea de San Telmo” (México y Chacabuco) sumó una nueva denuncia de “ilegalidad” de los procedimientos utilizados por la comuna porteña. Los asambleístas aseguran en un comunicado firmado por Rubén Saboulard, Ana Melnik, Analía Casafu, y Elizabeth Dos Santos que “una patota del GCBA, encabezada por funcionarios de Desarrollo Social, como Acevedo, Alberto Alipe y Pablo Díaz, quienes, pertrechados con chalecos antibalas similares a los de la PFA y rodeados por la Guardia de Infantería, golpearon y persiguieron por la Avenida Paseo Colón y el propio Parque Lezama a quienes sólo querían conservar su vivienda”

Entre los detenidos y golpeados se encontraba el Daniel Guillen, dirigente de las Asambleas del Pueblo, que estaba apoyando a los vecinos, y ahora está procesado por “resistencia a la autoridad”.

El resultado de la violenta jornada es más conocido. En principio una treintena de vecinos demorados, de los cuales ocho fueron detenidos en la Seccional 24º de la Policía Federal Argentina. Algunos fueron amontonados en un “corralito” con sus humildes pertenencias en el medio de la avenida. Niños y madres llorando desconsoladamente, mientras que el personal del GCABA censaba a los desalojados para derivarlos a las oficinas de “Promoción Social” en la calle Pavón y Entre Ríos. Quienes intentaron resistir la medida de desalojo no eran “narcos”; sino familias desesperadas que no tienen un techo donde dormir. La policía requisó minuciosamente el edificio, pero esta vez no encontraron ni armas, ni drogas, ni ocupantes con antecedentes judiciales. Para los desalojados es claro que utilizaron y promocionaron en los medios de comunicación la detención de cuatro delincuentes 48 horas antes para legitimar el desalojo compulsivo.

La solución de la crisis habitacional en la ciudad requiere de un proyecto integral que aproveche tierras fiscales en desuso, incentive a propietarios privados para que se desprendan de los inmuebles ociosos, se mejore el sistema crediticio apoyando el cooperativismo de vivienda. La inclusión al mercado laboral de los desposeídos es un derecho que mejoraría ostensiblemente la mencionada problemática.

Desalojos en Paseo Colon. La mañana....
Foto AM.