EL CASO VERÓN: LA PUNTA DEL ICEBERG

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A pesar del esfuerzo ciclópeo realizado por su madre en soledad, recolectando múltiples evidencias, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán absolvió a los trece imputados en la causa.

Trimarco no se desanima ni llora, a pesar de todo y de todos los que conspiraron y conspiran para que no se sepa la verdad. Muchos piden, indignados, la intervención federal de la justicia tucumana. ¿Habrá un per saltum presidencial para este caso? Difícilmente, porque no afecta la lógica del poder.

Quisiera que también apuntáramos a este interrogante: ¿Por qué Susana Trimarco pudo investigar, reunir pruebas e impulsar la causa judicial, y el Estado no? Porque el Estado es cómplice del delito de la trata de personas. Miembros de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y funcionarios del gobierno son parte del problema y no de la solución.

No solo en este caso puntual; en muchos otros también. Y no hay voluntad política para cambiar las cosas.

Las más altas autoridades se comprometen con los Derechos Humanos, pero sólo del pasado. En tanto, no se defienden los Derechos Humanos del presente: la pobreza y la marginalidad, las víctimas de actos delictivos –con complicidad policial-, la miseria de las jubilaciones. Por no hablar de la represión a manifestaciones de aborígenes, trabajadores, pueblos antimineros, o el espionaje y “aprietes” a militantes sociales y políticos.

Así el Estado no resguarda los mínimos derechos de la población. Tampoco nos respaldan la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, obsecuentes del oficialismo.

 Habrá que crear y fortalecer otras asociaciones civiles que nos protejan de la complicidad estatal con la violación de los derechos inalienables de las personas. Y reconstruir un Estado al servicio de la mayoría, o sea al servicio de quienes no delinquimos.

 

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