La Comuna 1 se muda al ex PADELAI

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Finalmente luego de idas y vueltas, el Gobierno porteño  confirmó que la sede de la Comuna 1 comenzará a funcionar en mayo de este año en el ex Padelai.

La sede actual del viejo edificio de la calle Uruguay 740, enfrente del Registro Civil Central, se encuentra cerrada por mantenimiento edilicio. Hace años que la construcción sufría temblores que provocó cierres de sectores y en alguna oportunidad la evacuación del personal por falta de seguridad. Actualmente era utilizado por las autoridades comunales y la mayoría de los servicios descentralizados fueron mudados a dependencias vecinas.

“La sede comunal se mudará a San Telmo” anunció Roberto Salcedo en una entrevista con este medio en septiembre de 2015. El funcionario siempre se mostró interesado en mudar la comuna para estos lares y sino se presenta ninguna contingencia se efectivizará en mayo de este año. Se prevé que para el segundo semestre del año se completará la recuperación de los dos edificios donde funcionó el “Patronato de la Infancia”; institución filantrópica fundada en el año 1892, con el objetivo de dar auxilio a niños desamparados y en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

Foto de Sandra Hernández /GCBA

El destino del predio de la manzana emplazada en la avenida San Juan, Balcarce, Humberto 1° y Paseo Colón se debatió entre varias propuestas, de hecho el ex Ministro de Cultura, Ángel Jorge Pititto (nombre artístico “Mahler”) aseguró en julio de 2017 que unos 120 empleados del ministerio mudaría sus oficinas al ex Patro. Pero no pudo ser.

La Mesa Comunitaria de Salud y Educación de la Comuna 1 integrada por un grupo de instituciones y organizaciones políticas y sociales del barrio presentó iniciativas alternativas en distintas dependencias porteñas (Ejecutivas y legislativas) para el uso del espacio público en cuestión. “Pedimos una escuela infantil, por la grave crisis ante la falta de vacantes, y la ampliación del centro de salud N° 15, cuyo edificio es insuficiente para las múltiples tareas que desarrolla. La problemática de deserción escolar hoy en San Telmo se debe a que las madres son cada vez más jóvenes y no pueden terminar los estudios porque tienen que cuidar a los chicos”, dijo Claudia Moyano, docente y delegada de cooperadoras de la Comuna 1. Al cierre de esta edición, integrantes de este espacio dialogaron el viernes 16 de febrero, con Diego Santilli en su última visita al barrio de San Telmo. El Vice Jefe de Gobierno estaba al tanto del reclamo pero por lo menos para esta primera etapa no está contemplada la iniciativa de los vecinos.

Lo cierto es que las obras comenzaron a mediados del año pasado, tiene un presupuesto de $ 33 millones e incluye la renovación de los muros de contención sobre Humberto Primo, la restauración de las fachadas existentes, el descubrimiento de la estructura original, la puesta en valor de la “doble escalinata imperial” y el casco en general, la construcción de un anexo de cemento de carácter arquitectónico modernista para albergar servicios y sanitarios, la construcción de una escalera mecánica para conectar la planta baja con la planta alta, la incorporación de un sistema de recuperación de agua de lluvia para ser reutilizada en riego, la construcción de una terraza verde, a través de un sistema de padrinazgo, y la construcción de un “plaza cívica pública” en la esquina de Balcarce y Humberto Primo.

Foto de Martín Macagno /GCBA /

Cuando finalicen las obras la planta baja estará abierta al público, ofreciendo diferentes servicios: Derecho de Consumidor y Usuarios, Mediación comunitaria, Rentas, Prevención del delito, Dirección de la Mujer (asesoramiento por violencia de Género) Controladores de Faltas y Pago voluntarios de infracciones, y hasta una sala de Matrimonio dependientes del Registro Civil. En la planta alta se ubicarán las oficinas de las autoridades comunales. 

“Éste es uno de los edificios más lindos de Buenos Aires y estuvo tomado más de dos décadas. Hoy lo hemos recuperado y lo estamos poniendo a disposición de la gente, a la que se le ofrecerá los servicios de licencia, de falta (controladores) de registro civil y de rentas”, aseguró  Rodríguez Larreta el martes 30 de enero, durante una recorrida por las obras que se están realizando en el edificio. Estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, y el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo.


Patronato de la Infancia:
LA CRONICA

Desde 1903 fue sede del Patronato de la Infancia durante 86 años (1978) cuando sus autoridades acordaron con el entonces intendente de facto Osvaldo Cacciatore trasladar la sede al Parque Almirante Brown. El edificio fue abandonado, comenzando así una interminable crónica de disparates administrativos por parte de diferentes gestiones del ejecutivo porteño.

La ocupación de la ociosa construcción (en estado evidente de precariedad según las crónicas de la época) comenzó en noviembre de 1984. Dos años más tarde la entonces Municipalidad de Buenos Aires inició un juicio de desalojo contra las «108 familias usurpadoras». En plena gestión del ex intendente Carlos Grosso (PJ), los habitantes se organizaron y crearon en 1990 la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, San Telmo (matrícula 12254). En ese entonces el «Honorable Consejo Deliberante» votó dos ordenanzas (48.522 y 44.838) que implicaron «la transferencia del 70% del dominio del ex Padelai a la cooperativa y la firma de un convenio con la ex Municipalidad de Bs As para el proyecto de reciclado de los edificios y dotar de viviendas a las familias». Un 25% quedaba en manos de la comuna y el 5% restante se utilizaría para equipamiento urbano. Pero el estado de la ciudad no cumplió con lo comprometido y por ello miembros de la cooperativa denunciaron en sendas oportunidades la situación de abandono en la que se encontraban.

En el año 2000 (Gestión Aníbal Ibarra) se crea la «Unidad Ejecutora Padelai», que propone diferentes líneas de créditos, que como veremos fueron insuficientes para destrabar el conflicto. El asunto es que las parcelas de tierra en cuestión aumentaron significativamente su cotización por el crecimiento de las actividades vinculadas al mercado turístico sobre todo post devaluación de 2002. Recordemos que la construcción de incalculable valor cultural-arquitectónico contiene una superficie de de 5870 metros cuadrados. En la madrugada del martes 25 de febrero de 2003 la Policía Federal ordenó la instalación de vallas para cercar el perímetro y prohibir el ingreso a toda persona al predio y se produjo un violento operativo de desalojo, ordenado por el Juez en lo contencioso administrativo y tributario, Hugo Zuleta, con motivo del deterioro del edificio y el peligro de un posible derrumbe. 

Durante la gestión de Jorge Telerman (asumió Jefatura de Gobierno por la destitución de Ibarra) se habría avanzado en un proyecto por el cual las familias a través de la cooperativa se comprometieron a restituirle a la ciudad la titularidad del lote si se les aseguraba viviendas. Con el triunfo de Mauricio Macri en la ciudad la situación volvió a fojas cero. El entonces ministro de cultura, Hernán Lombardi (PRO) realiza entonces, un giro de 180° y le ofrece el «Patro» al Gobierno Español. A mediados de junio de 2008 el Gobierno de la Ciudad anunció la cesión en comodato por 30 años a España a cambio de la recuperación del conjunto del edificio. El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el acuerdo con el secretario General de la AECID, Juan Pablo De Laiglesia, en un acto que contó con la presencia del embajador de España, Rafael Estrella. El poder ejecutivo envió un proyecto de ley (N º 313-J-2008) para expropiar el 70% de los inmuebles que conforman el llamado «PADELAI».

El 19 de agosto de 2010 un grupo de familias, ex habitantes del «Patro», acamparon a metros de la entrada principal (sobre la calle Balcarce). Esa misma semana presentaron un acta notarial en donde solicitaron a los responsables del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) que desocupen el edifico en cuestión ya que el «70% es propiedad de la Cooperativa y de sus familias». En el libro de actas de la guardia privada que los españoles dispusieron en el predio quedó registrada una orden del entonces Director Ricardo Jarne, que «si volvían los ex ocupantes» deberían permitirles su ingreso”. La ocupación de alguna manera consensuada con los integrantes de la cooperativa quienes acampaban en la puerta, sirvió de excusa para el abandono del proyecto por parte de los españoles a esta altura imposible de sustentar ante la crisis económica en la que está inmerso el país ibérico.

La fiscal Celsa Ramírez arribó al predio en la madrugada del lunes 18 de abril de 2016. Intervino por las quejas de vecinos y hasta autoridades educativas de las Escuela Nº 26 (Hipólito Yrigoyen Av San Juan 253) quienes entre otras cuestiones, denunciaron la existencia de actividades ilegales que se realizaban en el predio; sobre todo los domingos y excepcionalmente los sábados. Se trata de la organización de “peñas folclóricas”, que ofrecían venta de comida y alcohol; música con alto volumen y todo ellos sin la autorización y supervisión de la comuna. En ese sentido, según la Fiscal se habrían contravenido los Art 54 (colocar sustancias dañinas o insalubres en lugares públicos), Art 74 (ejercicio ilegal de una actividad) y Art 83 (Uso indebido del espacio público) Además Ramírez subrayó en ese entonces que la “usurpación es un delito de efecto permanente”, o sea nunca prescribió “el delito que aconteció en el 2012”.

La Fiscalía de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de la Vivienda y la Jefatura de Gabinete trabajaron arduamente en interminables negociaciones con los ex habitantes del Patro para poder llegar a un acuerdo para que abandonen el predio. La mayoría aceptó las condiciones del gobierno porteño y abandonó el predio. El lunes 24 de noviembre de 2016 los jueces Fernando Bosch y Mariana De Langhe de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas fallaron a favor de una nueva orden de desalojo para aquellas familias que no aceptaron la propuesta. Pasadas las 7:30 am de del lunes 4 de enero de 2016 se les solicitó que abandonen el edificio y lo hicieron pacíficamente. Se realizó un “censo” que fue coordinado además del GCABA con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del CESAC N°15. Llegaron a la conclusión que habitaban el predio unas 62 familias de las cuales 25 habrían aceptado un subsidio habitacional único que tendría un techo máximo de $150.000. Otro grupo aceptó un crédito hipotecario con un máximo de $1.500.000 gestionado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que en realidad a la fecha promedió los $900.000.-

 

 

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