Ex Padelai, una breve síntesis cronológica para comprender el conflicto

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Desde 1903 fue sede del Patronato de la Infancia durante 86 años (1978) cuando sus autoridades acordaron con el entonces intendente de facto Osvaldo Cacciatore trasladar la sede al Parque Almirante Brown. El edificio fue abandonado, comenzando así una interminable crónica de disparates administrativos por parte de diferentes gestiones del ejecutivo porteño.

La ocupación de la ociosa construcción (en estado evidente de precariedad según las crónicas de la época) comenzó en noviembre de 1984. Dos años más tarde la entonces Municipalidad de Buenos Aires inició un juicio de desalojo contra las «108 familias usurpadoras».

En plena gestión del ex intendente Carlos Grosso (PJ), los habitantes se organizaron y crearon en 1990 la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, San Telmo (matrícula 12254). En ese entonces el «Honorable Consejo Deliberante» votó dos ordenanzas (48.522 y 44.838) que implicaron «la transferencia del 70% del dominio del ex Padelai a la cooperativa y la firma de un convenio con la ex Municipalidad de Bs As para el proyecto de reciclado de los edificios y dotar de viviendas a las familias». Un 25% quedaba en manos de la comuna y el 5% restante se utilizaría para equipamiento urbano.

Pero el estado de la ciudad no cumplió con lo comprometido y por ello miembros de la cooperativa denunciaron en sendas oportunidades la situación de abandono en la que se encontraban. En el año 2000 (Gestión Aníbal Ibarra) se crea la «Unidad Ejecutora Padelai», que propone diferentes líneas de créditos, que como veremos fueron insuficientes para destrabar el conflicto.

El asunto es que las parcelas de tierra en cuestión aumentaron significativamente su cotización por el crecimiento de las actividades vinculadas al mercado turístico sobre todo post devaluación de 2002. Recordemos que la construcción de incalculable valor cultural-arquitectónico contiene una superficie de de 5870 metros cuadrados.

El «Patro» antes olvidado y desde hace algunos años bastante requerido explica el interés del gobierno porteño (distintas gestiones) que ofertó subsidios y/o créditos pero que nunca alcanzaron (por lo menos para muchos de los potenciales beneficiarios) para comprar una vivienda digna. Las presiones surtieron efectos en algunas de las familias censadas quienes aceptaron las condiciones de los funcionarios porteños; otros en cambio exigieron y exigen en la actualidad un mejor reconocimiento económico por el 70% de la propiedad.

En la madrugada del martes 25 de febrero de 2003 la Policía Federal ordenó la instalación de vallas para cercar el perímetro y prohibir el ingreso a toda persona al predio. Al mismo tiempo fueron llegando paulatinamente ambulancias del SAME. La suerte estaba echada. El operativo fue ordenado por el Juez en lo contencioso administrativo y tributario, Hugo Zuleta, con motivo del deterioro del edificio y el peligro de un posible derrumbe. Para tomar esa decisión se basó en los estudios aportados por funcionarios del Gobierno de la Ciudad a cargo de Aníbal Ibarra, quienes «corroboraron» el mal estado del edificio por medio de informes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Superintendencia Federal de Bomberos Voluntarios y la Guardia de Auxilio de la Ciudad.

En la actualidad muchos de los ex propietarios engrosan los indicadores de familias que superviven en viviendas precarias o bien están en situación de calle; otros en cambio pudieron optimizar el dinero aceptado y hasta compraron con créditos baratos viviendas razonables.

Pasaron casi 13 años del brutal desalojo del «Padelai», sitio donde los mencionados informes técnicos certificaban peligros de derrumbes en su interior…pero nada de eso sucedió.

Durante la gestión de Jorge Telerman (asumió Jefatura de Gobierno por la destitución de Ibarra) se habría avanzado en un proyecto por el cual las familias a través de la cooperativa se comprometieron a restituirle a la ciudad la titularidad del lote si se les aseguraba viviendas. Con el triunfo de Macri la situación volvió a fojas cero.

El ministro de cultura, Hernán Lombardi (PRO) realiza entonces, un giro de 180° y le ofrece el «Patro» al Gobierno Español, y para ello aseguró públicamente que«se hicieron algunas obras para evitar que el ex Padelai se viniera abajo y también un cateo de la estructura que mostró que es recuperable» Clarín. (21/06/08)

A mediados de junio de 2008 el Gobierno de la Ciudad anunció la cesión en comodato por 30 años a España a cambio de la recuperación del conjunto del edificio. El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el acuerdo con el secretario General de la AECID, Juan Pablo De Laiglesia, en un acto que contó con la presencia del embajador de España, Rafael Estrella. Con un trasfondo de anuncios, fotos, y sobreactuaciones el poder ejecutivo envió un proyecto de ley (N º 313-J-2008) para expropiar el 70% de los inmuebles que conforman el llamado «PADELAI».

El 19 de agosto de 2010 un grupo de familias, ex habitantes del «Patro», acamparon a metros de la entrada principal (sobre la calle Balcarce). Esa misma semana presentaron un acta notarial en donde solicitaron a los responsables del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) que desocupen el edifico en cuestión ya que el «70% es propiedad de la Cooperativa y de sus familias».

«En el 2003 el Gobierno de la ciudad otorgó un subsidio para que estemos en un hotel hasta que solucione el problema de fondo. Algunos aceptaron el crédito (que ofrecía la comuna) y sin embargo nos están apoyando. Al gobierno de la ciudad le cedemos la propiedad a cambio de las viviendas para la gente. Es decir escritura por escritura» exigía Carlos Vargas Pte. de la Cooperativa San Telmo Ldta.

En el libro de actas de la guardia privada que los españoles dispusieron en el predio quedó registrada una orden del entonces Director Ricardo Jarne, que «si volvían los ex ocupantes» deberían permitirles su ingreso”. Según Vargas el funcionario español les había anticipado que su país iba a retirarse del edificio. En declaraciones al matutino «El País» (España) Jarne aseguró que «en estas condiciones, teniendo el edificio ocupado y no habiendo ninguna solución al respecto, ¿qué obligaciones podemos tener? ¿Que esto se alargue cuatro años? ¿Cinco años? ¿Podemos esperar?».

La ocupación de alguna manera consensuada con los integrantes de la cooperativa quienes acampaban en la IMG-20160418-WA0010puerta, sirvió de excusa para el abandono del proyecto por parte de los españoles a esta altura imposible de sustentar ante la crisis económica en la que está inmerso el país ibérico. “Lamentablemente, circunstancias económicas sobrevenidas, manifestadas en los ajustes presupuestarios que está aplicando el Gobierno español y que son de público conocimiento, han llevado a la necesidad de cancelar el proyecto de establecer un Centro Cultural español en los predios generosamente cedidos por la Ciudad de Buenos Aires» se publicó en en www.embajadaenargentina.es

La fiscal Celsa Ramírez arribó al predio en la madrugada del lunes 18 de abril de este año acompañada por personal de la policía metropolitana, fuerza que por estas horas controla el ingreso por medio de un listado que los habitantes desconocen por insuficiente y extemporáneo. Algunas familias prefirieron no enviar a sus hijos a la escuela porque no se les permitiría volver a ingresar, solo están autorizados los “Jefes de familia”. Sin embargo este problema fue resuelto a la brevedad y se debió a la falta de una mejor coordinación con la mencionada fuerza policial. 

La Fiscalía receptó quejas de vecinos y hasta autoridades educativas de las Escuela Nº 26 (Hipólito Yrigoyen Av San Juan 253) quienes entre otras cuestiones, denunciaron la existencia de actividades ilegales que se realizaban en el predio; sobre todo los domingos y excepcionalmente los sábados. Se trata de la organización de “peñas folclóricas”, que ofrecían venta de comida y alcohol; música con alto volumen y todo ellos sin la autorización y supervisión de la comuna. En ese sentido, según la Fiscal se habrían contravenido los Art 54 (colocar sustancias dañinas o insalubres en lugares públicos), Art 74 (ejercicio ilegal de una actividad) y Art 83 (Uso indebido del espacio público) Además Ramírez recuerda que la “usurpación es un delito de efecto permanente”, o sea nunca prescribió “el delito que aconteció en el 2012”.

Por estas horas la Fiscalía de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de la Vivienda y la Jefatura de Gabinete trabajan en sendas  negociaciones con los ex habitantes del Patro para poder llegar a un acuerdo para que abandonen el predio. En los Próximos envíos publicaremos entrevistas con la La Fiscal Celsa Ramírez y Carlos “Tito” Vargas, uno de los referentes de la “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, San Telmo.-

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