CIERRE DE CURSOS EN SUSPENSO

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El juzgado en lo Contencioso Nº 10 hizo lugar a una presentación del gremio docente UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), para impedir el cierre de grados y cursos de nivel primario, secundario y terciario. Por otra parte, en un categórico dictamen elaborado a partir del expediente iniciado por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, la asesoría tutelar sostuvo que “el cierre de aulas no tiene correlato directo en la protección de los derechos de los más desaventajados, tal como se puede ver en la disposición impugnada que nada regula expresamente sobre esta cuestión” y que, “aún coincidiendo con la intencionalidad de mejorar la situación de la política educativa en el sur de la Ciudad, no existen medidas concretas al respecto, y la norma cuestionada, a su vez, resulta totalmente irrazonable”.

Los recursos ante la justicia buscan dejar sin efecto una Disposición de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, que a fines de febrero dispuso el cierre de más de 220 grados. En ese sentido, José Magioncalda, presidente de la ONG Ciudadanos Libres, expresó entender que“…la suspensión provisoria del cierre de grados y el criterio adoptado por la autoridad dictaminante respecto de la Disposición cuestionada deberían hacer reflexionar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires…”, a quien exhortó “…para que convoque a una audiencia pública con participación de las comunidades educativas de los establecimientos afectados.”

Dicho planteo también fue efectuado por los Supervisores escolares de todos los niveles educativos, quienes proponen que una comisión integrada por representantes de los docentes, las autoridades educativas, las Cooperadoreas, los estudiantes, legisladores y funcionarios, realice “…un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”. Los padres ya sentaron posición a través de los Delegados de Cooperadoras, al señalar que “ninguna situación referida a la matrícula puede resolverse con medidas no consensuadas con la comunidad educativa”.

Además se pronunciaron a favor de “una educación pública de calidad, gratuita, laica e inclusiva.” El responsable de la cuestionada Disposición es Maximiliano Gulmanelli, quien cuenta con muchos antecedentes en la educación privada, lo que contrasta con su función de Director General de Escuelas de Gestión Estatal. El Gobierno de la Ciudad deberá comparecer ante la justicia porteña el Jueves 12 de abril con la información precisa y definitiva del total de alumnos y cursos afectados. Hasta entonces, los grados no se cierran.

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