AVANZA PROYECTO “BARRIO VIP” EN COSTANERA SUR

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El ejecutivo porteño firmó un convenio con Solares de Santa María S.A (Grupo empresario IRSA) para edificar sobre 70 hectáreas un “condominio” de oficinas y departamentos de lujo en la Costanera Sur.

La inversión estimada en 900 millones de dólares contemplará amarras exclusivas y torres de hasta 160 metros. La iniciativa prevé la construcción de un complejo náutico-turístico-hotelero, centro de convenciones y complejo residencial en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Club Atlético Boca Juniors.

En la reunión de ayer de las comisiones de Planeamiento Urbano, de Ecología y de Protección y Uso del Espacio Público el oficialismo porteño logró emitir un dictamen aconsejando la ratificación del mencionado convenio.

El diputado Bruno Screnci Silva (PRO) defendió el proyecto presentado cuando afirmó que “no toca la Reserva Ecológica ni el umbral costero” y que se realizaría en “una zona postergada de la Ciudad que no tiene utilidad para los vecinos y que podría transformarse en un nuevo barrio”. Pero quizás su declaración más polémica fue su posición acerca del barrio Rodrigo Bueno que definió como “asentamiento” y “no una villa. Es decir que el mismo podría ser erradicado, no hay obligación por parte del Estado de urbanizar la zona”

En los fundamentos de la iniciativa se explica que el inmueble denominado catastralmente como Circunscripción 21, Sección 96, Manzana 20, “conformó la ex Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors, a partir de lo dispuesto por la Ley Nacional 16.575 -Boletín Oficial de la Nación del 11 de enero de 1965-, según la cual el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo Nacional la donación al citado Club de 40 hectáreas de terreno a rellenar en el Río de la Plata frente a la Costanera Sur, y determinó el destino y los usos a desarrollarse en el predio una vez terminadas las obras de relleno”.

Los diputados Adrián Camps, Rafael Gentili (Proyecto Sur), María José Lubertino (FPV), Rocío Sánchez Andía, Fernando Sánchez (CC), Eduardo Epszteyn (FPP),  Marcelo Parrilli (MST en PSur) y Martín Hourest (GEN) manifestaron públicamente su oposición.

Para el diputado Camps el convenio es “una transferencia de recursos económicos a la empresa IRSA, que incluye una concesión de uso a perpetuidad del canal comprometiendo el humedal protegido internacionalmente”.

Sánchez Andía afirmó que “no es cierto que el proyecto establezca contraprestación alguna a favor de la Ciudad, a pesar del millonario incremento del valor de las tierras que la eventual aprobación del convenio implicaría para la empresa propietaria. La transferencia del 40 por ciento de las tierras, que pretenden mostrar como una generosa concesión al bien común, se compone en realidad de la entrega de las calles que el propio emprendimiento necesita para funcionar, así como la transferencia de los terrenos correspondientes al camino de sirga, que ya deberían ser de acceso público e irrestricto según lo que establece el Código Civil y jamás podrían autorizarse construcciones en el mismo”.

El nuevo texto extiende hasta el año 2013 el plazo para el debate del convenio y la sanción de la ley. Los ediles del PRO aportaron salvedades y modificaciones del proyecto original y con ello intentarán votar el proyecto en las próximas semanas. De todas formas el expediente deberá cumplir con diferentes requerimientos que prometen largos debates: primera lectura en el recinto, audiencia pública, tratamiento en comisión y luego en el recinto para la segunda sanción

 

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