Trabajadoras sexuales de Constitución en Pandemia
El CONICET y la AMMAR presentaron un estudio diagnóstico sobre la problemática del acceso a la vivienda y la violencia institucional hacia trabajadoras sexuales del barrio de Constitución durante la pandemia de Covid-19.
La investigación se realizó entre febrero y septiembre de 2021, periodo en el que se encuestó a 99 trabajadoras sexuales y se llevó a cabo un “grupo de confianza” en la Casa Roja (Filiberto 1745), sede de la Asociación de Mujeres Meretrices – Putas Feministas de la Argentina (Ammar)
Esta investigación del CONICET se enmarca en la línea de la “antropología en colaboración” con AMMAR ya que por “sus condiciones de estigmatización y clandestinidad, las poblaciones de trabajadoras sexuales son reacias a brindar información a las agencias estatales o a quienes identifican con estas instancias”.
Los resultados presentan un análisis estadístico y cualitativo que da cuenta de las características sociodemográficas de la población de trabajadoras sexuales del barrio, teniendo en cuenta “el acceso a la vivienda, a programas sociales, la conflictividad social y la relación con las fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia”.
El estudio surgió a partir de una demanda de AMMAR al equipo de investigación del Instituto de Ciencias Antropológicas ICA – UBA, coordinado por la antropóloga Cecilia Varela, a raíz del agravamiento de la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto del ASPO, y se realizó en el marco de un convenio firmado entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR CTA.
Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que se establecieron el 20 de marzo de 2020 revelaron una crisis en el acceso a la vivienda que se manifestó en múltiples intentos de desalojo, debido a la falta de ingresos de las trabajadoras sexuales en ese contexto.
La dificultad para el acceso a una vivienda digna corre para la población inquilina en general, pero en esta población, con problemáticas diferenciadas tales como la discriminación por identidad de género o por el ejercicio del trabajo sexual.
Un hallazgo de la investigación es que los aumentos en el precio de los alquileres continuaron en el mercado de los hoteles-pensión después del 31 de marzo del 2020, a pesar de lo establecido por el Decreto presidencial 320/2020 que los prohibía.
Esto da cuenta de las condiciones de mayor precariedad en ese nicho del mercado de alquileres, caracterizado por un predominio de arreglos informales. Muchas de las trabajadoras sexuales mantienen hasta el presente deudas ocasionadas por la imposibilidad de pagar sus alquileres durante los meses de ASPO/DISPO.
Pero también se incrementaron los episodios de violencia institucional, que pueden verificarse en las propias estadísticas publicadas por el Ministerio Público Fiscal: Mientras en CABA las contravenciones en el año 2020 habían disminuido a casi la mitad en relación al 2019, en el barrio de Constitución aumentaron de 166 a 417. En el caso de la Comuna 1, las denuncias recibidas a través del Ministerio Público Fiscal (MPF), por contravenciones, aumentaron de 105 en 2019 a 346 en 2020 (230%).
Algunos aspectos que sobresalen en el informe:
- Solo el 4% de las trabajadoras sexuales de Constitución declaró tener una vivienda propia y el 74% acumuló deudas por alquiler.
- El 88% de las encuestadas residen en viviendas alquiladas o habitaciones de hoteles-inquilinatos. Esta condición llega al 93% para el conjunto de las mujeres trans, travestis o no binaries.
- De quienes alquilan, 8 de cada 10 residen en hoteles-pensión, establecimientos llamados “hoteles familiares” y en “hoteles residenciales”, que no albergan huéspedes o turistas, sino personas y grupos familiares residentes, pero sin contar con los derechos de los/as inquilinos/as con contratos de locación residenciales.
- En el momento de realizar el relevamiento, el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle y un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.
- Con respecto a los obstáculos para acceder a un alquiler, el 93% declaró haber tenido alguna dificultad como falta de ingresos suficientes (78%) u obstáculos relacionados con la informalidad de la actividad laboral, tal como no tener garantía propietaria (71%) o recibo de sueldo (67%).
- También sufrieron discriminación de género (35%) como obstáculo para acceder a la vivienda, un 27% indicó la discriminación por nacionalidad, raza u otro motivo, y finalmente, la discriminación por ejercer el trabajo sexual fue mencionada por el 25% de las encuestadas.
- En cuanto a la violencia institucional, el 73,3% experimentó al menos alguna de situación con la policía: a más de la mitad les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron, mientras que a un tercio las hostigaron.
- Respecto a la modalidad de trabajo, de las 99 trabajadoras sexuales relevadas casi todas (el 97%) se contactan con sus clientes en la vía pública. Tres de cada cuatro tienen un nivel educativo bajo, hasta secundario incompleto. Entre las mujeres cis (las que viven en el sexo que les fue asignado al nacer) y las mujeres trans extranjeras, los niveles educativos son ligeramente superiores. Esta población se compone de personas adultas. Aunque el promedio es de 38 años de edad, más de la mitad (el 59%) tiene entre 28 y 47 años, y solo el 6% tiene 58 años o más.
- Entre la población encuestada, una proporción importante son migrantes: el 57% nació fuera de Argentina. La mayoría de las migrantes nació en Perú, y le siguen las personas de República Dominicana, Paraguay y Colombia.
- Entre quienes nacieron en Argentina, el 17% son migrantes internas y nacieron fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) La población migrante fue la que registró mayores dificultades para el acceso a programas sociales, fundamentalmente debido a la falta de documentación migratoria requerida.
- Entre quienes nacieron fuera de Argentina, el 73% tiene DNI argentino. El 85% de la población relevada posee algún tipo de documentación argentina como la residencia permanente, temporaria o precaria. Esta situación varía según la identidad de género. Son más las mujeres trans, travestis o no binaries que no iniciaron el trámite para obtener documentación argentina o se encuentran en una situación no regular. En estos casos, la falta de documentación impide acceder a derechos básicos.
