EL SILENCIO Y LA INDIFERENCIA EN EL JUICIO A GARZÓN

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Juez Baltasar Garzón
Baltazar Garzón
En este sentido, las principales potencias del mundo no siempre se mostraron interesadas en resguardar los derechos humanos.
Sin embargo, la detención de Augusto Pinochet en Londres, realizada en virtud de un pedido de extradición formulado por el juez español Baltasar Garzón, demostró la existencia de un compromiso internacional por el respeto a los derechos humanos, que además de abrir un espacio para el juzgamiento de los crímenes de Estado ocurridos en América Latina, contribuyó a socavar la alegada validez de las leyes y pronunciamientos judiciales con que se había consagrado la impunidad.
Así fue como en el año 2005, a instancias de un planteo formulado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Corte Suprema de Justicia confirmó el pronunciamiento del juez Gabriel Cavallo, declaró nulas e inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y consolidó con ello un movimiento en el que aparecían comprometidos los tres poderes del Estado y la sociedad civil. Pero ésta no fue la primera vez que a la justicia democrática le tocaba analizar las denominadas leyes del perdón. Efectivamente, en 1987 un puñado de funcionarios judiciales sostuvieron en soledad lo que en 2005 fue proclamado y aplaudido por todos: que las leyes que impiden el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad resultan inválidas y contrarias al texto de la Constitución.
Me consta que aquellos magistrados que actuaron hace ya más de dos décadas – entre los que se encuentran el fiscal Hugo Cañón, los camaristas Ignacio Larraza, Luis Cotter y Juan Antonio González Macías, el ex ministro de la Corte Jorge Bacque y mi padre – ; no lograron un avance en sus carreras, ni un reconocimiento de sus colegas; como el que obtuvieron otros que mantuvieron silencio y hasta se manifestaron contrarios al juzgamiento de estos hechos y que durante los años noventa escalaron vertiginosamente en sus carreras. Es que en determinados contextos políticos, al parecer, es preferible no tocar ciertos temas y no revisar ciertas cosas.
Sin embargo, dos décadas después, ese mismo Poder Judicial le dio la razón a las miles de víctimas a quienes antes y durante casi dos décadas les había denegado el acceso a la justicia; y si bien es cierto que durante ese tiempo los avances del sistema de protección interamericano de los derechos humanos y la actuación de algunos tribunales europeos, como el de Baltasar Garzón, colaboraron para que se fueran socavando los ilegítimos argumentos con los que se pretendía sostener la validez de las leyes de impunidad; hoy, en nuestro país, casi nadie discute que esas las leyes debieron ser declaras nulas inmediatamente después de su dictado. Pero por lo visto nadie es profeta en su tierra, y para llevar adelante estos procesos no alcanza con la valentía y voluntarismo de un juez o un grupo de ellos, sino que se trata de un proceso que debe ser acompañado por los distintos sectores nacionales y también por la comunidad internacional. Sólo así es posible enfrentar a las poderosas corporaciones que se benefician con el terror estatal, que se sirven de cipayos ilustrados para evitar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.-.
Resulta moralmente necesario romper con este modelo que premia a quienes guardan silencio frente a las violaciones masivas a los derechos humanos, y avanza con toda su furia frente a quien se anima a enfrentarlos. Este modelo, que no distingue entre hombres valiosos y criminales de Estado, nos lleva al absurdo de discutir en primer término si debe juzgarse o no a quien pretendió investigar los crímenes de lesa humanidad, y nos distrae de los verdaderos conflictos, como es el necesario análisis acerca de los crímenes del franquismo, en un contexto donde parece claro que se busca sacrificar a quien más ha hecho para combatir el terrorismo de Estado y los intereses que se ciñen en torno a él.
En el fondo, lo que se pretende es anestesiar a todos aquellos magistrados que intentan, contra la corriente, responder a las legítimas exigencias de justicia de aquellos que nunca la reciben. Las estrategias de impunidad que se articulan para proteger a los criminales de Estado no pueden ser entendidas por fuera de la historia y la política de un país; de allí que no sea lo mismo para Garzón avanzar sobre los genocidas argentinos y chilenos, que sobre los españoles, aún cuando las razones jurídicas y morales que lo imponen sean las mismas en España, en la Argentina, en el 1987, en 2005 y ahora.
Los obstáculos pretendidamente basados en la ley y la jurisprudencia que impidieron por décadas el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina fueron superados con la colaboración de hombres como el Juez Garzón, que sobrepusieron su vocación de justicia por encima de los prejuicios judiciales y corporativos. Nosotros no podemos ser indiferentes cuando la situación es la inversa: comportarnos de ese modo nos transformaría en parte de aquella indeferencia tan ligada a los crímenes de lesa humanidad. Cambiemos el signo de impunidad que existe en España y caminemos junto con aquellos que buscan verdad y justicia.
*Publicado en www.periodicolumbre.com.ar
**Abogado querellante en los Juicios de Etchecolatz y Von Wernich
Profesor del curso Violaciones Masivas a los derechos Humanos y Persecución Penal de la Facultad de Derecho UBA

 

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