LA UCEP: UN ORGANISMO ESTATAL CON PRÁCTICAS ILEGALES
El informe se nutrió de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo respecto del accionar de esta Unidad en el período comprendido entre octubre 2008 y octubre de 2009. Los casos denunciados en el barrio de Constitución y San Telmo.
Entre las conclusiones mas importantes del informe podemos mencionar que las funciones atribuidas a la UCEP en su decreto de creación así como su actuación en los operativos concretos en los que interviene resultan contrarias a la Constitución Nacional, a la Constitución de la Ciudad y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual hace imperiosa y urgente su desarticulación y disolución.
En ese sentido las instituciones que suscriben el trabajo, aseguran que la UCEP actúa como una fuerza para-policial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la Ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social.
Por lo tanto el uso que el “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace de la UCEP resulta violatoria de principios constitucionales básicos estructurales del Estado de derecho y afecta derechos humanos fundamentales de las personas vulnerables”
Consigna sobre la polémica gestión de la Unidad de Control de Espacios Públicos.
La UCEP (Decreto 1232/08) se creó con el objeto de mejorar el orden y la organización en el espacio público, coordinando y colaborando con las diferentes áreas del Ministerio, -controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no ajustada a la normativa vigente, remover elementos publicitarios que no se ajusten a la normativa vigente, colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público; en general, colaborar en todos los operativos que realice el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el espacio público.
En sus inicios se designó a Fabián Rodríguez Simón como administrador de la UCEP en carácter ad honorem y a Matías Lanusse como coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación. En marzo de 2009, el Decreto 145/09 formalizó las renuncias de Simón y Lanusse y designó en el cargo de administrador ad honorem al ingeniero Jorge Cristian Polini, varias veces citado por las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la CABA a fin de dar explicaciones sobre las denuncias recibidas respecto al accionar de la UCEP, pero en ningún caso concurrió.
Según los autores el informe, prueba que más allá de los objetivos y términos con los que se intenta dotar de un manto de legalidad a las funciones y actuaciones de esta Unidad, se ha verificado que el Gobierno de la Ciudad se vale clandestinamente de ella para amedrentar, amenazar y golpear a personas en especial condición de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran en situación de calle, de modo tal de que abandonen los lugares donde pernoctan.
El artículo menciona varios casos testigo que permiten configurar el funcionamiento de la UCEP De acuerdo con las denuncias canalizadas a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, los procedimientos llevados a cabo por la UCEP tienen como características similares en todos los casos el horario de actuación de la Unidad, los vehículos en que se moviliza su personal, el modo en que se presenta ante las personas en situación de calle y otros detalles que hacen al procedimiento en general
El informe se nutrió de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo respecto del accionar de esta Unidad en el período comprendido entre octubre 2008 y octubre de 2009.
Mencionaremos dos casos ocurridos en el barrio de Constitución
3.I.b. (…) el señor G.D.P., quien se desempeña como reciclador urbano, con fecha 2 de octubre de 2008 (Actuación DPCABA Nº 5955/08) prestó declaración en la Defensoría del Pueblo, indicando que ese día a las 02:00 horas de la madrugada, en la intersección de las calles Lima e Independencia, un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” —patente EXG115— y en cuatro vehículos —dos de ellos de patente FMA256 y SMA278— se acercaron a él y a unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. Por otro lado, señaló que cuando les solicitaron que se identificaran se negaron a hacerlo
3.I.c. El señor J.E.A., párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, en su declaración de fecha 9 de octubre de 2008 (Actuación nº 6179/08) señaló ante la Defensoría del Pueblo que el día 7 de octubre de 2008 en la zona de Constitución al 1000, siendo la 01:00 hora de la madrugada fue testigo de una agresión contra A.C.C., de 66 años de edad, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio. El señor J.E.A. señaló que entre 20 ó 25 personas jóvenes y vestidos de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor A.C.C pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello con un instrumento cortante. También indicó que junto a esas acciones el señor A.C.C. fue amenazado con que debía salir de ese espacio en 24 horas so pena de ser incendiado el lugar. Además agregó que se llevaron todas las pertenencias del señor A.C.C.
Alerta Militante publicó sendas crónicas y entrevistas sobre el accionar de la UCEP, que si bien no fueron mencionados en el informe, repasaremos a continuación
A fines de febrero los ahora ex habitantes de un edificio ubicado en Paseo Colón 1588 denunciaron el accionar patoteril del personal de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA) 100 familias en la calle. 230 personas según la policía, 400 según las víctimas y ocho personas detenidas en la madrugada del viernes 27 de febrero por resistencia a la autoridad, fue el saldo del violento desalojo que se llevó adelante en el edificio. Madres llorando, niños corriendo sobre la avenida, autos varados tocando bocina y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri palmeando a las fuerzas de seguridad quienes no dudaron en ejercer la fuerza para producir un inesperado, según los habitantes, y violento desalojo de este edificio ubicado en Paseo Colón, a metros de la Avenida Brasil y el Parque Lezama.
100 familias en la calle. 230 personas según la policía, 400 según las víctimas… Foto AM
La agrupación “Aukache” trabaja desde hace años en el edificio de Paseo Colón 1588 así como también en distintas zonas del barrio de La Boca y San Telmo. Su líder, Rubén Rosmarino, es uno de los ocho detenidos por resistencia a la autoridad. Lorena, responsable a cargo de la agrupación, esperaba en ese entonces en la puerta de la comisaría 24 que liberen a su compañero. En charla con Alerta Militante aseguró que “el 70% de los habitantes del edificio son trabajadores en blanco y el resto están ocupados con changas permanentes o trabajos en negro decentes. Estos datos son ciertos pues hicimos un censo interno con recursos propios ya que el gobierno porteño jamás se interesó por estas personas”.
El desalojo estuvo a cargo de personal policial, del Same, y del Gobierno porteño y fuerzas de Infantería. Según la policía, en el lugar existía un serio problema de venta de drogas. Lorena afirma que “la droga comienza a funcionar de una forma muy organizada aquí. Existe una estructura de mantenimiento y alguien colabora en esa estructura para que, jamás caigan presos los que venden la droga. No puede entenderse que en años no pase nada y el miércoles se llevaron a 3 o 4 personas, pero eso no significa que tengan que desalojar 100 familias que podrían tener los recursos para vivir dignamente y tener su casa propia”.
Lorena integra la agrupación Aukache que nuclea más de 60 familias trabajando en el barrio, y acota: “Si habría habido una voluntad política, el tema de la droga se terminaba hace un año y medio. En cambio, este gobierno jamás contestó ni escuchó las propuestas de los vecinos en relación a obtener su vivienda propia. Es más, María Eugenia Vidal –ministra de Desarrollo social- llegó acá y la vi como palmeaba a los funcionarios diciéndoles: “muy bien, muy bien que buen operativo”.
Lorena aún está esperando que alguien se digne a mostrarle el papel de autorización desalojo. El gobierno porteño, mientras tanto, inaugura la doble mano de la Avenida Pueyrredón en el barrio de Recoleta.
Alerta Militante entrevistó en varias oportunidades a Juan Domingo Jiménez quien vivió mas una vez más en carne propia la inusual violencia utilizada por los encargados de desalojar de pobres a los espacios públicos. Desde hace más de una década Juan Domingo Jiménez supervive con su familia (la madre es discapacitada) en la plaza Cecilia Grierson (Perú y Av. San Juan) Jiménez afirma que es observado y fotografiado periódicamente por personas desconocidas. La presión psicológica se incrementa con la visita de funcionarios relevando o preguntando las mismas cosas todas las semanas. Por este motivo el año pasado realizó una exposición en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y en el Instituto Nacional contra la discriminación (INADI).
Jiménez se reunió con la Diputada porteña, Liliana Parada (Solidaridad e igualdad) quien denunció en conferencia de prensa el accionar de la UCEP. En esa oportunidad le relató a la legisladora que principios de marzo le ofrecieron dinero para que abandone la plaza., “como le dije que mi familia necesita una solución habitacional y no dinero para unos pocos meses…me dijeron…voy a venir y te voy a tirar todo (…) ese mismo día la Directora del CGP 1(Mirta Seoane, me ofreció $10.000. Me dice que el problema de mi madre y mi hermano se resuelve enviándolos a un geriátrico y que con la plata me arregle con el tema de la vivienda” En cuanto al accionar de la UCEP afirma que “siempre vienen entre 30 y 40 personas, entran la camioneta hasta el arenero, con las camionetas, autos, prenden las luces. De culata entran un camión blanco donde les tiran sus pertenencias a todos a los indigentes”.
Jiménez se presentó denunció también que en la madrugada del 5 de mayo de 2009 “a la 1:30 de la madrugada cinco sujetos encapuchados (usan buzos tipo canguro y con el gorro del mismo atuendo tapan casi todo su rostro) vinieron a la plaza…amedrentan, golpean a los sintecho que dormían en el fondo del predio. Se presentaron como integrantes de la UCEP. Es en ese momento que me dicen ahora venimos por vos”. Permanecieron 40 minutos y bajaron raudamente de tres camionetas, una de ellas de color blanca tenía impreso el logo del GCABA. “Había policías de la Brigada, pero no tenían la campera de la UCEP, como han venido otras veces. Uno de ellos me solicitó que saliera de testigo del procedimiento, y yo le dije ni loco. Entonces tomátelas me dijeron. No yo no me voy, tengo libertad de expresarme en cualquier lado. Ah si, te vamos a hacer cagar, te vamos tirar todo, viejo de mierda, hijo de putas. Por culpa de ustedes Macri tiene una carta documento arriba de su escritorio”.
Los funcionarios de la UCEP en pleno allanamiento
De las denuncias recibidas, aparecen ciertos patrones comunes:
La UCEP actúa, en todos los casos, en una franja horaria que va desde las 23.00 horas hasta las 3.00 horas
La UCEP opera en horas de la noche sustrayendo las pertenencias de las personas (en algunos casos, familias) que se encuentran en situación de calle y desplazándolas de sus lugares de reposo. Para realizar esta tarea generalmente trabajan en grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y, en algunos casos, lesionan a las víctimas para lograr su objetivo.
El personal de la UCEP se moviliza en vehículos de diversas marcas sin inscripción alguna que permita identificarlos como pertenecientes a dicha unidad, y son en general acompañados por camiones de recolección de residuos. De acuerdo con los relatos, los camiones recolectores son blancos, algunos con la inscripción “Panizza”, otros con un número 14 en un círculo y otros con el logo del “GCBA”.
En relación al vehículo que contiene la inscripción “Panizza”, se pudo saber que fue rentado en noviembre de 2008 por el Ente de Higiene de la Subsecretaría de Higiene Urbana, a pedido de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para llevar adelante tareas de acción en la vía pública.
A su vez, cabe señalar que los camiones empleados en los operativos de la UCEP no son de las mismas empresas a las que el GCABA le ha otorgado la concesión para la recolección de residuos o para la realización de operativos de limpieza, entre las cuales se encuentra Cliba, AESA, Urbasur, Salvatori, Nítida e Integra. La tarea del camión sería entonces de recolector en los operativos de la UCEP consiste en compactar y trasladar las pertenencias de quienes son desplazados por la UCEP
En numerosos casos las pertenencias que son sustraídas son objetos de trabajo diario, como ser los carritos en los que se recolecta el cartón. En otros casos también se les sustrae a las personas frazadas, sábanas y prendas de vestir. Incluso se registraron casos en los que la UCEP ha incautado la documentación identificatoria de las víctimas.
Más allá de la gravedad que de por sí conlleva el hecho de que funcionarios públicos por las razones que fueran incauten y destruyan los documentos de las personas, en el caso de quienes se encuentran en situación de calle, ello aumenta aún más su vulnerabilidad. En efecto, si bien la carencia de documento de identidad no puede ser óbice para el ejercicio de derechos, cabe advertir que, en la práctica, el documento (sea DNI, CI, o certificado de residencia precaria, temporaria o permanente) es requerido a la hora de realizar trámites de diversa índole, incluidos planes sociales.
El personal de la UCEP no se identifica con nombre y apellido, ni manifiesta en todos los casos su pertenencia a la UCEP, sino que se presenta sólo como personal del Gobierno de la Ciudad.
Se ha verificado asimismo que la UCEP se ha valido en numerosas oportunidades de la custodia y protección de la Policía Federal Argentina (PFA) para sus procedimientos. Esta práctica incrementa el carácter intimidatorio y no persuasivo del accionar de la UCEP. Asimismo, esta circunstancia ha desorientado a los afectados acerca de cuál sería el organismo responsable del decomiso y sustracción de sus pertenencias
El cuadro de clandestinidad e ilegalidad de los procedimientos de la UCEP se complementa con la negación por parte de las autoridades de la Ciudad de los hechos denunciados. Si bien la UCEP existe formalmente y es reconocida como tal en la norma y en su cuerpo de empleados, las autoridades del Gobierno de la Ciudad no proporcionan información sobre su actuación, ni rinden cuentas públicamente sobre sus operativos
La ausencia de información oficial acerca de los operativos de la UCEP tiene directa relación con la arbitrariedad y clandestinidad con la que actúan sus miembros.
Las personas que se encuentran en situación de calle y por lo tanto resignadas a dormir a la intemperie en algún rincón de la Ciudad no obstaculizan el espacio público, ni constituyen un peligro ni obstrucción para los transeúntes o el paso vehicular
De todas formas en de que fuera necesario proceder a su desalojo compulsivo, la Administración debería contar con una autorización judicial y el acto administrativo debería justificar la legalidad y racionalidad de la decisión. Al respecto, el desalojo de bienes del dominio público o privado está asignado al Poder Judicial, así como la declaración de si alguna persona ha incurrido en el delito de usurpación. De esta manera, resulta constitucionalmente inaceptable que se le pretenda asignar a un organismo como la UCEP la misión de mantener “el espacio público libre de usurpadores.” como lo hace su Decreto de creación.
Por todas las razones planteadas en este informe, la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales exige que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las demás instituciones públicas con competencia en la materia adopten las siguientes medidas:
1) Disuelvan a la brevedad la Unidad de Control del Espacio Público dependiente del Ministerio de Espacio Público;
2) Promuevan las investigaciones de los hechos a fin de que se apliquen, de corresponder, las pertinentes sanciones administrativas y penales tanto de los integrantes de la UCEP que llevaron adelante acciones abusivas como de los responsables de la unidad.
3) Informen a las instituciones firmantes y a la sociedad en su conjunto las medidas adoptadas para dar respuesta a las denuncias efectuadas en este documento.
El informe concluye que en lugar de ejercer coerción y violencia sobre las personas que se encuentran en situación de calle o residiendo en viviendas precarias, el GCABA debería tomar medidas respecto de la emergencia, riesgo y vulnerabilidad social que atraviesan estas personas, implementando políticas y programas públicas que atiendan las causas de la crisis así como sus consecuencias. La crisis habitacional es producto entre muchos factores de la precarización del empleo en el mejor de los casos; u en la desocupación crónica en el peor. Los créditos para adquirir vivienda solo lo pueden sostener algunos privilegiados. El derecho a la vivienda es constitucional. Vale cuestionarse si deben ser considerados usurpadores quienes no tienen un techo que los cobije y ocupan un predio público. La sociedad se adeuda este debate
