Eduardo Epszteyn, y Aníbal Ibarra (Dialogo por Buenos Aires) y el titular del Bloque de Igualdad Social, Martín Hourest, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad para que se dispusiera la suspensión de la licitación de la obra y administración del túnel bajo la Avenida 9 de Julio.
El proceso licitatorio fue presentado por AUSA (Empresa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la concesión de las autopistas) con fecha de apertura para el 15 de septiembre de 2009.
Los diputados cuestionan el llamado a licitación porque el Gobierno de la Ciudad se extralimitó al permitir que AUSA licite obligaciones que son propias del Gobierno Central y no de una empresa del Estado. El trasfondo de la cuestión es que el ejecutivo porteño no tendría que someter el proceso al control legislativo. Por otra parte denuncian que a través de la licitación se afectan importantes recursos de AUSA (que son públicos) a favor de un fideicomiso, comprometiendo el propio funcionamiento de la empresa estatal.
En un comunicado difundido a la prensa los legisladores aseguran que “mientras Macri pretende emitir bonos para endeudar a la Ciudad, licita obras faraónicas sin planificación alguna y con serias irregularidades”
De esta manera Epszteyn, Ibarra y Hourest solicitaron a la Justicia que suspenda inmediatamente el llamado a licitación por las graves irregularidades denunciadas, que se suman a la de la legisladora porteña electa del Frente para la Victoria, María José Lubertino quien en su rol de presidenta de INADI reclama un estudio de impacto ambiental.
