«Necesito mí título para seguir estudiando»

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El secundario nunca fue el objetivo final de Alan. El desafío tiene una vara mas alta: además de incrementar sus conocimientos, «sueña con conseguir un trabajo, ayudar a otras personas con síndrome de Down»; y recibir junto a sus compañeros el diploma de graduación en el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul (Carlos Calvo 922) Pero semejantes aspiraciones se ven dificultadas por la falta del mencionado título, a pesar de haber asistido a clases, aprobar los cinco años, y ni siquiera rendir ninguna materia en las instancias de diciembre o marzo.

Finalizada la cursada de 2013, los padres de Alan, César Rodríguez (48) y María Florencia Innamorato (45) solicitaron el diploma, y en principio no dudaron de la buena fe del colegio ante la demora, ya que entendieron que se trataba de un caso atípico. Pero las dilaciones cada vez eran mas frecuentes y la imposibilidad de entrevistarse con las autoridades del tradicional colegio -cuando en mejores tiempos eran asiduas- comenzaron a preocuparlos. Ante estas demoras decidieron golpear algunas puertas, y es así que mantuvieron decenas de reuniones con funcionarios del gobierno porteño, que a la fecha no aportaron respuestas positivas al reclamo.

Fueron recibidos entre otros por Beatriz Jauregui, Directora de la Dir. Gral de Educación de Gestión Privada, y otros funcionarios del Ministerio de Educación como Maximiliano Gulmanelli, Director General de Educación Estatal y Diego Sebastián Marías, Director General de Coordinación Legal e Institucional. Según César una de las últimas fue con la Directora de Estrategias para la Educabilidad, Andrea Bruzzos. «Nos mira y nos dice…bueno…cuéntenme» relata el papá de Alan, quien asegura que era por lo menos la quinta vez que se reunían con gestores porteños.

“Alan tiene síndrome de Down, con mucho esfuerzo cursó y aprobó todas las materias que lo habilitarían a recibir el diploma de bachiller. Pero el ansiado título nunca llegó”

En ese contexto, siempre inquieta por interiorizarse en cualquier actividad relacionada con trastornos genéticos, María, la mamá de Alan, participó de una mesa-debate: «El Derecho de las personas con Discapacidad a la Educación Inclusiva una Materia Pendiente en la Agenda Legislativa Argentina» que se realizó en el Salón Aruro Illia del Senado de la Nación en octubre 2014. Durante esta jornada los padres de Alan se interrelacionan con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el «Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva», que integran 130 organizaciones, entre ellas la Asociación Síndrome de Down de la República (ASDRA). La ex presidenta del INADI, María José Lubertino también presente en la jornada se hizo eco del caso, dicha institución dictaminó tiempo después que la «conducta denunciada se encuadraría en los términos de la ley 23,592, normas concordantes y complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria» (Dictamen 656-15)

“Alán recibió la Medalla de Plata Jesús María 2013. Fue escolta de la bandera del colegio, y recibió un diploma de honor”

Pasado un tiempo prudencial, ahora asesorados legalmente por profesionales de la ACIJ decidieron accionar judicialmente. La primer medida fue intercambiar «cartas documentos» con la institución educativa que se excusó de la responsabilidad de la entrega del título, ya que sería potestad de la Dir. General de Educación de Gestión Privada del GCABA. En la misiva el colegio mostró su descontento: «Lastima la sensibilidad de los docentes que la acompañaron (por María Florencia) en su proceso de escolarización, la manifestación que el instituto lo estaría discriminando (a Alan)» Luego decidieron presentar un recurso de amparo para que las autoridades educativas le expidan el título oficial, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°1 a cargo de Elena Liberatori.

El 29 de diciembre pasado la jueza citó a las partes en conflicto a una audiencia en las que además de los padres de Alan fueron de la partida dos abogadas que lo patrocinan, funcionarios del gobierno porteño, la Rectora Lic. Patricia Avellaneda y la representante legal del colegio, Prof. Dora Elina Schärer de Prado, y Marcelo Almonacid. Este último se presentó como abogado de “Sociedad Vicente de Paul, propietaria de la institución, pero además es integrante del departamento administrativo jurídico de la Vicaría Episcopal de la educación de la Arquidiócesis de Bs As.

En ese meeting se explicitaron las posiciones de la parte en conflicto. El argumento de la Dir. Gral de Educación de Gestión Privada para no otorgarle el título a Alan es que completó sus estudios con el acompañamiento de una maestra integradora y con una currícula adaptada, «y por ello no cumplió los contenidos mínimos exigidos porque las materias con contenidos adaptados no cuentan como aprobadas». En la audiencia, Beatriz Jauregui, Directora de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad, afirmó que el problema radica en las materias matemática de 1º a 5º nivel, y físico- química de 4º a 5º nivel ya que con el plan de estudios de Alan (Proyecto Pedagógico Individual, en adelante PPI) no se logran los contenidos mínimos de la enseñanza media. Las tiene aprobadas y pasados sus resultados en el boletín, pero no fueron volcadas en el «libro matriz» porque tuvo adecuaciones curriculares.

Concretamente aseguran que los padres de Alan, firmaron un convenio que confirmaba la imposibilidad de graduar a su hijo. César y María Florencia aseguran que fueron víctimas de conductas engañosas. Nunca fueron debidamente notificados, solo recibían un boletín con excelentes calificaciones y jamás se les mencionó la existencia de un «libro matriz», que curiosamente no tiene volcados los mismos valores que el boletín.

Falta de supervisión y grises normativos podrían ser algunos de los señalamientos a los gestores del ministerio de Educación porteño, que al cierre de esta edición, a pesar de reiterados pedidos de entrevista nunca recibió a AM. Pero también se les podría achacar problemas en la supervisión del PPI junto al Colegio, en cuanto que, la «dirección de la escuela tiene la responsabilidad de la matriculación del alumno con discapacidad y de la elaboración de la planificación, efectuar el seguimiento, orientación y evaluación del mismo, así como también la orientación a las familias y decisión respecto de la promoción del niño o el adolescente».

De hecho en el punto 9.2 del Anexo II (Modificación resolución 1274) dice «que siempre se notificará en forma fehaciente a los padres o responsables legales del alumno, de los logros alcanzados en los procesos de aprendizaje. Cuando el alumno alcance los contenidos para la Formación General y la Especializada, si correspondiere, acorde al año en el que está matriculado, obtendrá el certificado de aprobación y, o, terminación, sin leyenda alguna. Cuando el alumno no alcance los contenidos mínimos de las asignaturas correspondientes al año en que está matriculado, en toda la documentación se consignará, por asignatura, el año correspondiente al nivel de aprendizajes alcanzados»

Este medio insistió en reiteradas oportunidades en entrevistar a alguna voz autorizada del Jesús María, pero fue imposible. Una mujer que se presentó como responsable legal, le dijo a AM que no estaba autorizada a dar declaraciones a los medios.

Algo cambió en el Jesús María, instituto privado al que Alan asistió entre los tres y los 17 años. En principio sus autoridades estaban dispuestas a extenderle el título, y mostraban el caso de Alan como un ejemplo de inclusión. En estos últimos tiempos, algunos docentes prefieren no relacionarse con los padres de Alan, la posibilidad de problemas laborales futuros siempre está presente en este tipo de situaciones.

¿Es posible que durante todos estos años los docentes y directivos en conocimiento de futuros problemas, hayan decidido mentirle a Alán? No parece razonable. Lo cierto es que fallaron los controles de supervisión de todo el programa por parte de las autoridades del colegio y del ministerio de Educación porteño.

Lo que hicieron con Alan es una «estafa moral» no se cansa de repetir César. Mientras tanto su hijo, es siempre contenido por sus viejos, amigos y ex compañeros del Cole (cuatro compañeras estudian piscopedagogía) quienes persisten y prometen no abandonarlo con su lucha por una «educación inclusiva que garantice la trayectoria educativa de las personas con discapacidad, con los ajustes y apoyos necesarios, así como él egreso».-

*Director AM

Todavía no es Bachiller pero…
Mientras tramita el título en cuestión, Alan cursó actividades de extensión.
*Curso de primeros auxilios y de Reanimación Cardio pulmonar alan tapabásica Certificados expedido por PFA (Ministerio del Interior) 2007
*Curso teórico-práctico de Tiro con Arco 2009
*Curso de instructor de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco) 2014
*Campeón Argentino en la modalidad 3D Concientiza a la gente para no cazar y matar animales. 2014/2015
*Taller de Música: Percusión cajón peruano en el Centro Cultural Martín Fierro (Perú 1261)
*Practicó Taekwondo (Asociación Kian.Do.Kwan) desde el año 2003 al 2006 participando en torneos y mundiales y compitiendo con niños de su edad sin capacidades diferente.
*Alan se encarga de la recepción de los clientes del negocio familiar. Un reconocido local de «Tattoo» de la av San Juan y Bolívar, con más de 20 años en el barrio de San Telmo. Realiza las fichas personales y luego las ingresa en una PC. 

OPINIÓN
Derecho a la educación sin discriminación
La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires no contempla los requerimientos básicos de la educación inclusiva. Tampoco la normativa a nivel federal. En los casos en que hay cierta regulación, ésta es deficiente y no garantiza una verdadera inclusión. De hecho, el sistema educativo prevé que la educación de las personas con discapacidad transcurra en ámbitos segregados, a donde sólo asisten personas con discapacidad. Esto viola sus derechos y genera un estigma y una exclusión desde etapas muy tempranas de la vida, y contribuye a perpetuar los prejuicios, temores e ignorancia que las personas en general tenemos sobre este tema y que reproduce la exclusión. Esto es así pese a que tanto la Nación como la Ciudad están obligados a que la educación inclusiva sea una realidad, ya que este derecho (y consiguiente obligación) están reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. El hecho de que el Estado demore en dictar leyes, reglamentos, diseñar e implementar políticas para un sistema educativo inclusivo, no significa que los derechos de miles de niño/as con discapacidad tengan que esperar. Las personas con discapacidad enfrentan muchísimas barreras para la inclusión en general y para aprender en la escuela común, en particular. Prejuicios sobre las limitaciones de las personas con discapacidad, desconocimiento del valor que tiene la diversidad, y mitos sobre las dificultades y problemas que traería una escuela inclusiva son enormes barreras. La educación hoy en día se desarrolla sobre la idea de un alumno tipo que responde a ciertos patrones de normalidad. No valora ni acepta la diversidad. Es por eso que el reclamo por una escuela común inclusiva es un reclamo no sólo de las personas con discapacidad si no de otros/as niños/as excluidos del sistema educativo por otras razones. El caso de Alan podría ser, si no fuera por la negativa opuesta por la escuela y el Ministerio de Educación, un ejemplo de inclusión exitoso. No sólo el reconocimiento de un derecho, sino también un paso adelante hacia la educación inclusiva y un mensaje de que la inclusión es posible y es valiosa para todas las personas: no sólo las personas con discapacidad, sino también sus compañeros/as y la sociedad en su conjunto.

Por Mariela Galeazzi (Coordinadora «Discapacidad y Derechos Humanos» en  ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)

 

 

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