VIENDO Y ESCUCHANDO

VIENDO Y ESCUCHANDOA riesgo de quedar desacompasado en esta discusión creo que se hace necesario hacer ciertas distinciones, establecer algunos criterios que ayudarán a mirar el problema desde otra perspectiva. La primera cuestión, a mi criterio, es poder expresar con claridad cuáles son los objetivos de un medio público, para luego avanzar sobre cuestiones operativas, normativas o incluso de programación. Desde donde veo las cosas existen dos bienes que requieren resguardo y promoción, por un lado la libertad de ideas y de opinión y por el otro la democratización de la información. El primer tópico pretende atender a las posibilidades de los ciudadanos a expresarse libremente, sin ataduras de ningún otro tipo que sus propias creencias, la segunda reconoce la posibilidad cierta de acceso (podríamos más ajustadamente decir accesibilidad) a información importante (proyectos del ejecutivo, del legislativo, planes de obra, concursos, audiencias públicas…) para la toma de decisiones.

Dicho esto, otro punto se nos revela en su potencia. Paradójicamente, los llamados medios públicos rara vez son públicos en un sentido amplio, en todo caso son gestionados por el Estado o por un grupo de personas que tienen en la comunicación un interés particular. Aquí la filosofía política aconseja debatir con seriedad el concepto “público”; desde mi punto de vista mucho de los problemas que tratamos se podrían encarar de otro modo tras una reescritura del concepto y sobre todo, de su relación con “lo privado”.

Independientemente de esta discusión, entonces, llegamos a un punto interesante, dada la heterogeneidad que presenta el objeto medios públicos, sus diferentes alcances, sus objetivos diversos, no vale la pena tratarlos de modo equivalente.

Agrupando a grandes rasgos, tenemos por un lado medios administrados estatalmente, con sus características específicas en clave política y, por el otro, aquellos cuya dirección recae en grupos o en espacios culturales o periodísticos, generalmente locales y que podrían agruparse bajo la nominación de medios barriales o alternativos.

Los españoles, dando cuenta de esta distinción, con sabiduría han acuñado el nombre, pomposo pero justificado, de “medios de titularidad estatal” a los del primer grupo manteniendo para los segundos la apelación “comunitarios”.

Para los primeros, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece bastante sombrío. Más allá de intenciones discursivas sobre amplitudes, diversidades y pluralismos, ninguna expresión política se negó a dejarse tentar y utilizar, con matices necesariamente reconocibles, la radio de la ciudad y la señal abierta de televisión para su propio beneficio.

La actual administración, bajo el hipotético apego al paradigma de la eficacia (que no puede demostrar en ningún área, pero que continúa utilizando absurdamente) y haciendo dudosa gala de un discurso neoconservador con toques malamente glamorosos revisó las programaciones, tomó decisiones relativas al personal y adjudicó responsabilidades directivas de manera torpe demostrando una escasa preparación y voluntad al momento de tratar temas tan sensibles.

Tanto los manejos en Radio de la Ciudad que fueron reflejados en el anterior número de esta revista como los intentos de cierre compulsivo del canal de Ciudad parecen políticas prohijadas por el desconocimiento e incluso pierden de vista una hipótesis mezquina de utilización política del potencial comunicativo y formativo de los medios de titularidad estatal. En relación con los medios comunitarios, la administración Macri hostiga con la falta de financiamiento en tiempo y forma a los medios más pequeños y se muestra remiso al momento de pautar publicitariamente con los de mayor envergadura. Ambas políticas terminan afectando fuertemente un sector que, habiendo por definición abandonado los caminos del mercado para su funcionamiento, necesitan del concurso estatal para existir y desplegar socialmente sus posibilidades.

Los medios alternativos, sean de titularidad estatal o de dirección comunitaria, son un bien ganado por la democracia y como tales, en su perfectibilidad y bajo existentes y obvias tensiones, deben ser reconocidos y amplificados. Deben ser utilizados para ampliar los márgenes de ciudadanía, para permitir una pluralidad de voces que es indispensable y también improbable en otros aspectos de la comunicación y los medios.

No hay una sola mirada o una sola manera de encarar el estudio, la administración o la manufactura de los medios públicos, desde mi punto de vista es necesario integrar creativamente actores estatales con agentes privados y con asociaciones de la sociedad civil para reflejar desde distintas versiones de lo público, de lo popular, de lo cultural, la experiencia de la ciudadanía porteña. Pero todo esto tiene que desplegarse sobre un reaseguro de promoción desde el Estado, con distinciones muy claras para unos y otros casos. Los medios de titularidad estatal necesitan más Estado y los medio comunitarios necesitan más comunidad, más ciudadanía. La manera de integrar una versión más democrática de Estado a los medios de titularidad estatal es involucrar a la Legislatura, en tanto espacio de representación política plural, en la planificación y control de los medios de comunicación en poder del Estado. En este sentido, tanto la planificación como el control deben ser entendidos en sentido amplio, incluyendo la administración, la programación y los objetivos de los distintos medios. En los medios comunitarios la acción de promoción estatal debe centrarse en posibilitar económicamente su desarrollo mediante subsidios, préstamos a bajo costo y aportes en publicidad.

Por último, una consideración alrededor de las posibilidades democráticas del fortalecimiento de los medios públicos en la Ciudad. Una de las deficiencias más marcadas que tiene la democracia del presente de las porteñas y porteños es, indudablemente, los aspectos relacionados con la participación. Todas las administraciones, desde la constitución autonómica de la Ciudad, han faltado a la potencialidad participativa de la democracia. No se trata de entender ingenuamente algo tan complejo como la participación ciudadana, nadie puede pensar en esquemas extensos y vigorosos de personas vinculándose a lo público si se atiende a nuestra historia política

Pero desde esa mínima racionalidad también es posible repensar el papel de los medios públicos al momento de cualificar la participación, de promover la democratización y de ampliar el horizonte de derechos. Estos medios son los que están en mejores condiciones para crear audiencias que hoy no existen y que pueden ser estimulantes. Todo esto sin renunciar a entretener y sin rendirse fatalmente al aburrimiento o al elitismo.

* Sociólogo. UBA

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