¿Oportunidad u oportunismo? – Algunas palabras para una futura Ley de Comunicación

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La posibilidad histórica que se presenta a través de la aceptación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de promover una nueva Ley de Radiodifusión (o “Ley de servicios de comunicación”) deberá ser irremediablemente acompañada por movilizaciones sociales y expresiones culturales que pidan por una aplicación efectiva de sus puntos.Investigadores, intelectuales, profesionales de los medios, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos que desde hace aproximadamente 30 años luchan por la sanción de una nueva ley de radiodifusión de la democracia, se vieron estos meses y estos días envueltos en auspiciantes promesas gubernamentales con la intención de sancionarla. Con el conflicto de campo como disparador obligado, el gobierno instaló en la agenda periodística y de la opinión pública la cuestión de la transparencia informativa y la estigmatización que los medios hacen en la cobertura de las problemáticas sociales.

Si bien en el año 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner, de manera inconsulta y “entre gallos y medianoche” decretó por necesidad y urgencia la extensión del plazo de vencimiento de las actuales licencias por 15 años más, las campañas políticas en su contra por parte del Grupo Clarín funcionaron como excusa perfecta para pensar en un nuevo marco normativo para la comunicación social en Argentina.

La cobertura en la prensa gráfica de los acontecimientos (que hasta el momento sólo se limitan a la mención del problema, el debate entre especialistas y las buenas intenciones) sepolarizó entre detractores y complacientes con la propuesta, acorde a la división actual de los periódicos: quienes no reciben pauta publicitaria oficial (Crítica, Perfil) y quienes se alinean a la política K por conformación estructural y planteles de periodistas con amplia autonomía en su campo (el caso de Verbitsky en Página 12).

Unos pusieron en primer plano la diferencia simbólica que implicó reunirse primero con la Coalición por una Radiodifusión Democrática (el 17 de abril) y después con las entidades que nuclean a los empresarios de medios (el 26 de abril). Otros, en cambio, vieron en ese gesto la posibilidad concreta de materializar la demanda. En el medio, las organizaciones sindicales también apuntaron en la dirección oficial al reunirse con el Secretario de Medios Enrique Albistur. 

Lo que para algunos es un viraje en la política comunicacional de los Kirchner, para otros es un intento oportunista de resquebrajar el poder monopólico de los medios a favor de una coyuntura que, en la pluralidad, favorece al Gobierno. Entre los segundos se encuentra la amplia gama de partidos políticos de izquierda que, siempre manteniéndose en el fino límite entre la protesta rupturista y la confusión entre huevos y gallinas, muchas veces terminan caminando al lado de los sectores más derechistas que reclaman por “lo mismo”. Ejemplo de lo anterior es la condena al decano de la Facultad de Ciencias Sociales Federico Schuster por reunirse con Cristina por un supuesto Observatorio de Medios. En lugar de entenderlo como un momento político que se presta para estas discusiones, se amparan en la defensa de la “libertad de expresión”, fórmula ambigua utilizada también por los grandes grupos multimedios.

Ley dictatorial en tiempos democráticos

Del mismo modo que a nivel general, la dictadura militar preparó el terreno económica y culturalmente para el voraz neoliberalismo que se desarrolló en la década del 90 (burbuja especulativa financiera, venta del patrimonio público, achicamiento del Estado, ajustes salariales), en materia de medios sancionó la Ley de Radiodifusión 22285 en 1980 para, por un lado, justificar la censura en los medios y, por otro, favorecer la lógica comercial que hoy por hoy subyace a la dinámica mediática. Esto fue no sólo amparado sino también profundizado por el gobierno menemista que a través de distintas modificaciones (la más apoteótica es la del artículo 45) determinó la hiper-concentración de medios actual que pone en manos de pocos el servicio de comunicación de todos. Distintos intentos posteriores quisieron democratizar el espacio radioeléctrico (fundamentalmente a través de una demanda clásica de pedir licencias para organizaciones sin fines de lucro) a través de proyectos de ley que quedaron cajoneados en los parlamentos y ninguneados por la hegemonía fuertemente poderosa de la industria cultural.

La eterna disputa por el sentido

Como todos procesos colectivos de lucha, este también atraviesa momentos que pasan de la efervescencia al reclutamiento, de la oscuridad a la superficie. Se torna necesario aprovechar la coyuntura política para instalar en las agendas temáticas muchas veces olvidadas. Un saludable intento fue el análisis semiótico-discursivo realizado por diversos especialistas a partir del conflicto con el campo, que dejó manifiestas las intenciones ideológicas de los productores de contenidos, que pujan por calificar a los sujetos sociales en tal o cual etiqueta (basta con ver los adjetivos que se usan cuando los manifestantes son de estrato social bajo, o cuando son clases medias acomodadas).

Por otra parte resta señalar que, en los medios, la repetición incansable de asociar “estatismo” con “autoritarismo” y “control de medios” con “censura” puede llevar a naturalizar el conflicto y generar universalidades de miradas parciales de una clase determinada (que es la que posee los recursos materiales y simbólicos).

Para un futuro artículo pensaremos en las posibilidades y los límites de los 21 puntos que se proponen para la Ley, teniendo en cuenta que la aplicación democrática exige, quizás, algún ente autárquico no-gubernamental que tenga una mirada macro de control de contenidos.

Será de la sociedad, entonces, la responsabilidad civil de arbitrar en este tiempo político que requiere de astucia y estrategias. La Ley, por sí sola, no modificará el panorama mediático, en tanto no se acompañe por movilizaciones sociales que exijan su real cumplimiento.

 

* Estudiante Comunicación (UBA Sociales)
Redacción Alerta Militante

 

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