5TO. AÑO DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Disgresiones teóricas

Quinto año de la ley de información publicaDurante casi 150 años de legislación política nacional, las normativas tendientes a regular la libre expresión, la circulación de la información y el derecho a la comunicación fueron la “gran ausente” o, al menos, insuficientes respecto de la democratización en la vida ciudadana.  

Existen diferentes versiones acerca del comportamiento del Estado respecto de la comunicación en Argentina. Algunos sostienen que el Poder Ejecutivo, en posición desfavorable respecto de los conglomerados mediáticos empresariales, deja al libre arbitrio del mercado la problemática de medios. Otros, con la óptica menos distorsionada, promueven la idea de que al revés de lo que se cree, los gobiernos tienen políticas comunicacionales, sí, pero alejadas de los parámetros de las sociedades democráticas y alejadas también de lo que se espera en el desarrollo de los sujetos sociales.

Los gobiernos argentinos surgidos por el voto democrático, desde Hipólito Yrigoyen hasta la fecha, desarrollaron políticas comunicacionales tendientes a lograr el impedimento por parte de la población de producir sus propios contenidos informacionales y hoy, en el marco de la Sociedad de la Información, siguen existiendo enormes trabas para que la comunidad comparta entre sus pares los logros de su vinculación social a través de medios de comunicación.

Una asociación bastante extendida y repetida en el imaginario social es la que asemeja información con comunicación, comparando en un límite tan estrecho como inconveniente ambos conceptos. La información producida por un medio y consumida por los lectores/televidentes/radioescuchas, es justamente información por ser producida por un grupo enunciador determinado y hacia un público objetivo. En cambio, la comunicación como actividad humana fundamental implica la participación de todas las personas de los mensajes que circulan en una sociedad determinada. Esto quiere decir, la posibilidad de producir la propia información y discutir o debatir la información que proviene de quienes detentan el poder comunicacional.

Alcances y límites de la Ley

Hoy, a 5 años de la aplicación de la Ley de Acceso de la Información Pública, se plantea la posibilidad histórica de generar un debate abierto a todos los actores sociales que promueva la democratización de todos los ejes que componen la comunicación pública.

La Ley, indiscutible herramienta de los ciudadanos para poder enterarse con transparencia de los ejes de cualquier administración, contiene en su artículo 2, tres verbos que disparan la reflexión:

Artículo 2º.- Esta ley tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública a fin de permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos necesarios para  requerir, consultar y recibir información.

El párrafo mezcla los conceptos que antes explicamos. ¿Existe necesariamente más participación de todas las personas por requerir, consultar y recibir información? ¿La participación no supone también un interés activo en producir los propios mensajes y discutir con el contenido de la información pública?

Si bien no desconocemos la enorme utilidad de la sanción de la ley, que permitió desde hace 5 años y hasta aquí el análisis de numerosas ONG’s sobre la gestión de gobierno (por ejemplo, las declaraciones de bienes de los principales funcionarios, o la publicación online de los proyectos de ley de los distintos ministerios), consideramos que sigue considerando al ciudadano argentino como consumidor, con la misma lógica que limita la “participación en política” al voto electoral cada 4 años.

Para profundizar en un modelo de gestión democrático, que permita discutir a fondo sobre los problemas relevantes para el país, se requiere de ampliación del sistema de comunicación actual que la reduce al raciocinio de un número limitado de empresas.

No es solamente amordazante para la comunicación social de Argentina la existencia de poderosos oligopolios que controlan todos los soportes informativos y consiguen enormes complicidades con los gobiernos de turno. También los periodistas caprichosos por no conseguir la pauta publicitaria oficial (que a su vez consiguen numerosos contratos de financiación por parte de empresas privadas) y su irascible y desconfiado enojo hacia el gobierno daña la vida política y social de la Nación.

Será necesario retomar el vínculo social (gremial, político y participativo) para que no seamos más testigos de nuestro propio destino y formemos parte de sus disyuntivas, haciéndonos cargo en caso de fallar en el intento.

*Redacción Alerta Militante

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