“LA APLICACIÓN DE ESTE MECANISMO NO PERJUDICA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN”

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Las construcciones modernas son usuales en estos días en el barrio de San Telmo. Foto AM

Estas normas establecen que todo inmueble construido antes de 1941 antes de ser demolido o intervenidas sus partes públicas tiene que solicitar una autorización especial al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, procedimiento que ahora se extenderá por un año más.

 Estas leyes tuvieron su origen en un proyecto de la entonces Presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, la ex diputada Teresa de Anchorena, que proponía la implementación de un sistema de protección preventiva que ya había sido probado con éxito en La Plata, Rosario y en otras ciudades del mundo: todos los edificios de más de 50 años de antigüedad se presumiría que podían tener valor patrimonial y por no podrían ser demolidos sin un procedimiento previo que permitiera resolver si era necesario o no preservarlos.
 
Esto significaba invertir completamente la lógica del sistema vigente que postulaba que ningún edificio tenia valor cultural hasta tanto no se declarara como tal y, esto requerida de un proceso legislativo complejo que demora al menos un año, y que al terminar probablemente el inmueble en cuestión estaría demolido.
 
La prórroga de esta ley es una excelente noticia, porque de lo contrario el 1 de enero los depredadores inmobiliarios estarían haciendo fila en el Ministerio de Desarrollo Urbano para pedir autorizaciones de demolición de miles de inmuebles anteriores a 1941.
 
Sin embargo, deja varias cosas en claro. La primera es que la aplicación de este mecanismo no hizo quebrar a la industria de la construcción como pronosticaban muchos funcionarios, empresarios y sobre todo el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
 
Por otra parte, las reiteradas prórrogas de la ley dejan en claro que debe transformarse en un sistema permanente y con un criterio -50 años de antigüedad o cualquier otro- que incluya cada año nuevos edificios en este proceso de evaluación.
 
También es imprescindible profesionalizar el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales -hoy sus miembros trabajan ad-honorem-, que debe integrarse por personas de reconocida trayectoria, dejar de ser un coto exclusivo de arquitectos, y sobre todo incluir instancias de participación real -con voz y voto- de las organizaciones de ciudadanos que trabajan en pos de la protección del patrimonio.
 
Finalmente, la protección patrimonial tiene que ir acompañada por dos cuestiones fundamentales: un régimen de sanciones fuerte contra quienes infrinjan la ley y un sistema de compensaciones -subsidios, créditos, transferencia de la capacidad constructiva, etc.- que permita a los propietarios disponer de recursos para restaurar los inmuebles y hacerlos sostenibles económicamente. De lo contrario estaremos siempre corriendo detrás de la piqueta.
 
* Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural en la Universidad Torcuato Di Tella.

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