La crisis habitacional no se resuelve solamente con nuevas construcciones de viviendas. La solución deviene de un proyecto integral que como mínimo el aprovechar tierras fiscales en desuso, incentivar a propietarios privados para que se desprendan de los inmuebles ociosos, mejorar el sistema crediticio y apoyar el cooperativismo de vivienda. La inclusión al mercado laboral de los desposeídos es un derecho que mejoraría ostensiblemente la mencionada problemática.

Los habitantes del ex «Patronato de la Infancia» (Humberto 1° y Balcarce) fueron mudados compulsivamente. En la mayoría de los casos eran propietarios de parcelas de tierra en una zona que creció a velocidad luz por el crecimiento del mercado turístico. El gobierno porteño ofertó subsidios y/o créditos irrisorios.

En la actualidad muchos de los ex propietarios engrosan los indicadores de familias que superviven en viviendas precarias o bien están en situación de calle. Pasaron casi cuatro años de la brutal represión en el «Padelai», según informes técnicos existían peligros de derrumbes en su interior, nada de esto sucedió. Este predio continúa siendo parte de los proyectos que se promocionan y no se cumplen; los vecinos de San Telmo aún esperan la apertura del Centro de Interpretación del Casco Histórico, Información Turística, etc, etc.

Evidentemente es más fácil endurecer normas judiciales que solucionar el drama habitacional. A partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal y Contravencional que quedará a cargo de la Justicia Porteña, permitirá a los fiscales y jueces el agilizar los juicios por diferentes delitos como los que tienen que ver con la violación de domicilio y la usurpación. (La sanción de este código tendrá vigencia en 2008).

Los ciudadanos tenemos un número importante de herramientas participativas para cambiar el status quo. En la actualidad, lejos estamos de escapar de la situación de fiscalizadores de café. De esta forma nos merecemos u estamos bien representados por progresistas de «video política», quienes pueden argumentar-fundamentar acerca de las demandas populares; pero a la hora de gobernar, ejecutan políticas exacerbadas en conservadurismo. Es el caso de las últimas gestiones de la ciudad de Buenos Aires. La construcción de viviendas u emprendimientos de lujo solo tienen que abonar solo el 6,3 por ciento de impuesto inmobiliario. Una vez más los mas pudientes pagan menos. Datos aportados por el gobierno porteño confirman que «sobre 1.650.000 unidades, el 93 por ciento tiene valuación fiscal inferior a los $69.000», por lo tanto las arcas del erario público pierde fortunas.

El amparo a los «poseídos de extrema de riquezas» por parte del poder porteño se evidencia con la confirmación de que solo 1798 propiedades contienen un valor superior a los 400.000 dólares. El capitalista es maximizador de riqueza por naturaleza. Debe ser controlado porque la gula por optimizar ganancias lo pueden llevar a diseñar las más abusivas tropelías. En una nota publicada en Perfil (Domingo 29 de abril) un cuarteto de desarrolladores inmobiliarios (protagonistas de los lujosos emprendimientos de Puerto Madero) sostienen que las facilidades en cuanto a los impuestos más arriba mencionados no alcanza. Protestones, se pronuncian en contra de la inflación que les restaría rentabilidad. Uno de los entrevistados (Ricardo Fernández de DYPSA) no se pudo aguantar y alertó que «en Puerto Madero todavía hay un recorrido hacia arriba para los precios». Vienen por más. Lo confirma Eduardo Gutierrez (Pte. de Farallón) sin ruborizarse, «Puerto Madero, una parte de Palermo, una parte de San Telmo, son un pedacito de un gran mercado mundial, que tenemos que ocupar».

Lo cierto es que los constructores no son muy adeptos a las inversiones de riesgo, por lo tanto, poco aportan en bienes de capital. En realidad organizan lobbies para que el estado de la ciudad o nacional subsidie los proyectos.

Algunos «progres de folleto u spot publicitario» poco hicieron en materia de políticas públicas de vivienda. Pero la actual gestión gana todos los premios en materia de criminalización de la pobreza. El Ministro de Planeamiento y Servicios Públicos de la Ciudad, Juan Schiavi adelantó al matutino La Nación (17 de abril de 2007) que para evitar que los habitantes de las «villas 31 y 31 bis» construyan viviendas en la banquina de la Autopista Illia, el gobierno porteño construirá un muro perimetral a lo largo de la autovía que comunica las avenidas Lugones y 9 de Julio. Para este dirigente peronista que alguna vez compartió poder con el ex intendente Carlos Grosso y el empresario Mauricio Macri, el motivo de semejante proyecto de «favelización» se sustenta en la inseguridad. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, las 500.000 familias sin vivienda en la Capital, necesitarían entre 80 y 100 años para solucionar el problema con los actuales recursos y estrategias que lleva adelante el gobierno porteño. Se evidencia entonces descoordinación entre los gobiernos porteño y bonaerense. La auditoría recomendó el fortalecimiento y la incorporación de nuevos instrumentos financieros y modalidades operativas como el alquiler social, el leasing, créditos mixtos y la autogestión.

La ciudad cuenta con 100.000 viviendas desocupadas, por lo tanto se deben establecer políticas de estímulo para con los propietarios privados para que vendan o alquilen. En los últimos años creció de manera significativa las ocupaciones de inmuebles por parte familias que no reciben siquiera servicios indispensables. Las políticas públicas deben ser entendidas a partir de un mapa más amplio que integre por lo menos el conurbano bonaerense. Pero es como mínimo una canallada vincular automáticamente la pobreza con la falta de seguridad. Una administración que se precie de progresista, además de prometer, tiene que invertir en cuanto a la urbanización de estos complejos habitacionales. Debe incentivar a las cooperativas de viviendas aún si sus dirigentes no adhieren al gobierno de turno. La adjudicación de inmuebles construidos por la ciudad deben ser gestionados con responsabilidad y no se puede caer en manejos clientelares.

La crisis habitacional es producto entre muchos factores de la precarización del empleo en el mejor de los casos; u en la desocupación crónica en el peor. Los créditos para adquirir vivienda solo lo pueden sostener algunos privilegiados.

El derecho a la vivienda es constitucional. ¿Son usurpadores quienes no tienen un techo que los cobije al ocupar una tierra fiscal? La «Villa Rodrigo Bueno» se encuentra en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur y contrasta las edificaciones de Puerto Madero donde le metro cuadrado cuesta 2.200 dólares. El Gobierno les oferta subsidios de $15.000 para que abandonen el predio. La Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por habitantes del lugar y la erradicación se suspendió. La medida de corte, ahora sí «progresista», que se dictó el 28 de septiembre de 2005, exigía que el gobierno abriera una línea de crédito para los habitantes. La medida que favorecía a los pobres fue revocada y la problemática fue derivada a la órbita del Ministerio de de espacio Público porteño. A la fecha no hay novedades. Poco sorprendería que instalen un muro similar al levantado en la frontera de México.

* Director Revista/Web Alerta Militante