Un elogio del diálogo y la solidaridad

Mafalda Alfonsin

Como diría Sarmiento, este es un libro que se coloca en el corazón de nuestros conflictos y armonías para buscar una síntesis entre igualdad y libertad. Resulta redundante presentar a su autor, Raúl Alfonsín, pero lo que no es para nada superflua es la primicia que recibe el lector, desde la primera hasta la última de este medio millar de páginas, de una prosa erudita y vigorosa que busca poner cara a cara, en un mismo espacio crítico, la experiencia del hombre de Estado y el trabajo intelectual de quien recorre el espinel de las filosofías política y jurídica. Punto de encuentro y punto de partida de un estilo que nos lleva constantemente de la acción a la reflexión y de esta última hacia un horizonte capaz de incitar nuevas conductas públicas.

Es preciso seguir de entrada este hilo que une diversos argumentos. La acción política supone siempre fines y medios, pero esta trama no se entendería cabalmente, a ojos del autor, si no está referida al horizonte de la República Democrática y del Estado Legítimo que le brinda su marco indispensable. Este juicio adopta como referencia ineludible la tríada de valores que conforman la razón, el diálogo y la solidaridad. Los tres convergen sobre un problema clásico de la teoría política condensado en las palabras libertad e igualdad. Merced al diálogo y a la razón que “es el motor que hace avanzar el conocimiento y también la democracia” (p. 20), Alfonsín alude a la tensión entre libertad e igualdad, no para entregarse a la resignación de aquellos que advierten que se trata de una antinomia imposible de resolver, sino, al contrario, para demostrar que hay una “implicación recíproca entre las exigencias de la libertad y de la
igualdad” (p. 60). De esta implicación necesaria se desprende, en tanto imperativo para la acción, un empeño racional para recrear las condiciones que hagan posible establecer un pacto social: “En este sentido, es necesario tener presente que el valor de la libertad depende de cómo ella está distribuida y que el valor de la igualdad depende de qué es lo que se distribuye en forma igualitaria. Por un lado, todos tienen el mismo derecho a gozar efectivamente de la libertad; por otro, la distribución igualitaria debe comprender aquellos recursos necesarios para el ejercicio pleno de la libertad. De este modo, la aparente tensión entre libertad e igualdad se supera a través de una distribución igualitaria de la libertad. Este es -concluye Alfonsín- el núcleo de una ética de la solidaridad” (p. 391).

Si la solidaridad es una ética, esta supone un conocimiento especulativo de su contenido teórico y una apertura hacia un repertorio de deberes -entre ellos, “aumentar la libertad de quienes son menos libres” (p. 222)- que debe trascender la indiferencia y, en la vereda opuesta, los gestos vanamente retóricos de la indignación y la denuncia. En realidad, tal clase de ética viene acompañada de un precepto que rechaza, en la vena de Karl Popper, el determinismo y la inevitabilidad de los acontecimientos históricos. La llave que abre el ambiente sofocante de esas visiones del mundo, opuestas a los beneficios de una sociedad abierta, consiste en postular que “un concepto fundamental al que debe atenerse el político progresista, por lo menos en los tiempos que vivimos, es considerar a lo probable como inevitable” (p. 184). Lo probable para Alfonsín son las tendencias que lo rodean y contra las cuales combate: la antipolítica, la invención de conceptos acerca de la sociedad civil que la contraponen a la sociedad política, el repliegue del papel del Estado en relación con los derechos sociales, la súbita emergencia, en fin, de un proceso de globalización que acentúa el carácter “hobbesiano” del poder ejercido a escala planetaria por potencias dominantes, grupos económicos y terrorismos fundamentalistas.

El ciudadano que confronte el desenvolvimiento de estos escenarios probables, no debe rendirse ante su aparente inevitabilidad; debe, en cambio, hacerles frente munido de la inteligencia que proporciona el ejercicio de la razón en busca de la verdad. Alfonsín evoca en este sentido a Albert Camus quien “señaló que lucharía hasta el fin de sus fuerzas contra una mentira perversa y absoluta, en nombre de una verdad apenas relativa. Y esa diferencia entre nuestras verdades a medias y las mentiras integrales de los fanáticos es aquello que nos redime como hombres y mujeres de la democracia”. (p. 260) Los contrapuntos entre razón y sin razón, y entre verdad y fanatismo, van delineando un mapa donde el lector encontrará una tipología que abreva en tratados clásicos sobre teoría del Estado -los que, por ejemplo, escribieron Hermann Heller y Georg Jellinek- y una revisión crítica de las corrientes de la filosofía y de la ciencia política del último siglo. Son muchos los textos que pasan bajo esta criba con el objeto de poner de relieve el papel de la República Democrática en el Estado Legítimo: un arco muy amplio que se extiende -simplemente para citar tres autores de peso en el pensamiento de Alfonsín- de Norberto Bobbio hasta John Rawls y Carlos Nino.

Teoría del Estado

Tres grandes partes forman este arco de reflexión: la que se ocupa de la naturaleza y tipos del Estado; la que repasa sus elementos (soberanía, sociedad, régimen político y constitución); y la que estudia las formas del Estado (totalitarismo, república, democracia y liberalismo igualitario). Esta estructura es fruto de un curso sobre Teoría del Estado que Alfonsín dictó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace un par de años. Cada una de estas partes tiene un desarrollo en el cual laten tres núcleos básicos: en la primera el Estado Legitimo; en la segunda la relación que se traba entre soberanía, sociedad y régimen político; y en la tercera el vínculo indisoluble que para el autor existe entre república y democracia. Estamos pues ante un relato de corte clásico que intenta al mismo tiempo explicar, justificar y persuadir.
En contra de lo que propone el Estado Justo de carácter platónico y el Estado del Realismo Político de Maquiavelo, Hobbes y Max Weber, el Estado Legítimo recupera las dimensiones teleológica y coactiva del Estado para ubicarlas en la dimensión de un concepto constructivista del derecho: “El derecho, con la validez, la eficacia, la justicia y la naturaleza flexible que le otorga la democracia, logra concretar en leyes los valores sociales, lo que hace innecesaria e injustificable la revolución. De esta manera, el derecho, que tiene la finalidad de hacer posible la realización personal de todos los hombres, abre un camino reformista hacia el socialismo democrático al construir la legalidad que expresa los deseos de la sociedad, y recibir de ella la correspondiente legitimidad para una marcha hacia el ideal, cuyo sentido y condiciones garantiza permanentemente” (p.67).
La influencia de la tradición del pensamiento “krausista”, que Alfonsín reconoce explícitamente – la de Giner de los Ríos, Femando de los Ríos y Julián Sanz del Río- es evidente en este párrafo. Se trata de una combinación entre la espiritualidad de la vida y el apetito reformista que donde más se advierte, en cuanto a sus efectos prácticos, es “en el diálogo generador del consenso” (p. 71). Diálogo y consenso se fusionan de este modo en un proceso abierto, en permanente renovación, que tiene por objeto convertir al poder en autoridad (auctoritas) erradicando el dato fuerte de la violencia inscripta en las relaciones sociales. La autoridad es, ante todo, reconocimiento libre y racional, pero no siempre es así: “Parecería lógico que la proyección ideal del Estado Legítimo se relacionara con una presencia proporcional cada vez mayor de la auctoritas y cada vez menor de la coerción ejercida por el poder. Pero lo que observo, por lo menos en la sociedad argentina, es que mediante la lucha política, con una importante dosis de canibalismo, tiende de manera creciente a desaparecer el número de personas a las cuales se les otorga esa dignidad…”. (p.l70).
La decadencia de la auctoritas política no es casual porque se inserta en una escena cruzada por la explosión de los medios de comunicación y de innumerables ficciones acerca de la pretendida superioridad de los dirigentes de la sociedad civil sobre los dirigentes políticos. Es una madeja difícil de desatar debido al hecho de que sólo la persona que asume la responsabilidad del gobierno está obligada a dar cuenta de sus actos; los otros, en cambio, denuncian, critican, pero no son responsables ante el electorado. En esta encrucijada está situado el político contemporáneo, en un espacio escindido entre lo público y lo privado que, más que un disgusto visible a simple vista, despierta en Alfonsín la angustia de alguien que dama en el desierto; como si el papel de la palabra se fuese erosionando al ritmo de los montajes mediáticos y del mucho más temible imperio silencioso de la violencia: “La acción política, mientras permanezca al margen de la violencia, es realizada con palabras. La violencia, en cambio, es muda” (p. 72).

El sujeto democrático

Con este talante el autor se interna de inmediato en la gran cuestión de los Elementos del Estado. En las relaciones entre soberanía, sociedad y régimen político sobresale el sujeto democrático, aquel que tiene que mediar para hacer y rehacer el tejido social e institucionalizar el disenso. “¿Qué es un sujeto democrático? -se pregunta Alfonsín-. Simplemente, aquel que ha internalizado, hechos suyos, los valores éticos y políticos antes expuestos – legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias, voluntad de participación” (p. 272). Late en este párrafo el proyecto de Rousseau de convertir al habitante, guiado por el egoísmo de su propio interés, en un ciudadano capaz de incorporar a su razón y sentimiento el bien general de todos. Esta es, al cabo, la dimensión subjetiva de la voluntad general.

El sujeto de la democracia representa entonces un ideal y asimismo se encarna en la trama de un realidad que dispara sus dardos desde dos ángulos opuestos: el de una despolitización que lo subsume en una pura relación de mercado sin contenido cívico (la hipótesis que, en la misma época de Rousseau, preocupaba a Adam Ferguson) y aquel otro, quizá más estridente, de la conjura de los extremos. Esta última es la madera dura sobre la que tiene que machacar el gobernante progresista: “El disenso realmente peligroso es aquel que se instala en los extremos. El extremista establece con rigor y sectarismo la confrontación amigo-enemigo que define Carl Schmitt como distintiva de la política. Cualquiera sea la naturaleza de sus ideas, tendrá como principal enemigo al moderado” (p. 287).

Empero, Alfonsín es un moderado con adjetivos. Se define como progresista en tanto la libertad es una promesa que debe llegar a todos los habitantes convertidos en ciudadanos. No es lo mismo, en efecto, ser libre por lo que está escrito en las leyes que ser libre porque el sujeto democrático dispone de la capacidad suficiente -educación, salud, inclusión social, empleo y movilidad- para ejercer dicha libertad. La definición del bien común como conjunto de bienes públicos es el corolario que naturalmente se deriva de este punto de vista. Para ello, la noción de capacidad debe abarcar el sistema de representación (cuyo eje son los partidos políticos, hoy absurdamente denostados), el funcionamiento general del régimen político y, desde luego, la sociedad en general. El autor no olvida nunca que la oligarquía instala su ilegitimidad sobre una muchedumbre de personas condenadas a la exclusión social.
La respuesta a este dilema argentino y latinoamericano se encuentra en el proyecto democrático de la inclusión social, vale decir, en la vigencia efectiva de los derechos sociales. Alfonsín realiza al respecto una operación inversa a la de T. H. Marshall, el sociólogo inglés de inspiración laborista que en 1950 escribió Class, Citizenship and Social Development. Si para Marshall, siguiendo el ejemplo de su país, los derechos sociales coronaban un itinerario que había comenzado con el establecimiento de los derechos civiles y después de los derechos políticos, para Alfonsín los derechos sociales son la condición necesaria de los dos primeros: Estos “permanecerán condenados a la abstracción si no les asiste un sistema de acciones y garantías que aseguren el ejercicio de otra serie de derechos de carácter social, que hacen a la preservación y realización de la propia vida” (p. 398).
El desarrollo de los derechos en nuestros países demanda pues un esfuerzo sincrónico dispuesto a reparar la insuficiencia de que hacen gala los tres tipos de derechos. Entre nosotros los derechos civiles sufren porque la administración de justicia es, para grandes sectores de la población inmersos en la inseguridad, un ejercicio distante y opaco; los derechos políticos padecen el acoso de una cultura política imbuida aún de estilos hegemónicos y prepotentes; y los derechos sociales apenas levantan cabeza sobre un conjunto de privaciones y condicionamientos.

La República Democrática

A no dudarlo, la empresa de reconstrucción es inmensa, lo cual nos lleva a la tercera y última parte consagrada a las Formas del Estado donde se analizan los componentes de Ja República Democrática.
En rigor, son dos dimensiones de un mismo principio acerca del mejor gobierno de la sociedad La República, vista como la columna que vértebra las instituciones del Estado Legítimo, y la Democracia entendida como expresión cultural y moral de un “sistema justo e igualitario” (p.4l2): la democracia, en suma, como forma de gobierno y forma de vida
“¿Qué caracteriza a la república?”, pregunta de nuevo Alfonsín: “Es el sistema de gobierno representativo en el que existe división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; o si se quiere, entre las facultades o funciones de administrar, legislar y judiciar, cuyos titulares en los dos primeros son elegidos periódicamente por el pueblo, que mayoritariamente prioriza el interés general, en el marco de las instituciones creadas por una Constitución” (p. 343). En pocas palabras, una democracia sin república está a la deriva porque carece de garantías. A diferencia de Montesquieu que, al consagrar la expresión “república democrática” en el Libro V de Del espíritu de las leyes, la acantonó en la antigüedad grecoromana, la democracia contemporánea requiere según Alfonsín el apoyo estructural de la división de poderes. La ciencia y el arte de la división de poderes son los fiadores de los derechos civiles, políticos y sociales, lo que no excluye, en cuanto a las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, su recíproca limitación. De más está decir que el debate acerca del contenido republicano de la democracia está sometido entre nosotros a una acuciante incertidumbre ¿Cuál será el rumbo republicano de la promesa que pusimos en marcha en 1983?
Por cierto, más allá de este interrogante, la democracia tiene otros resguardos siempre que la voluntad mayoritaria del pueblo no sea falseada por la “regresión del populismo” (p. 350) y por los déficit que la democracia arrastra entre nosotros – las “promesas incumplidas” de Norberto Bobbio- con su secuela de injusticias y privaciones (p. 382). La democracia consiste entonces en lo que es y lo que debe ser. Es una cultura que, más allá de los condicionamientos del presente, avizora otros mundos posibles. La cultura actúa, por consiguiente, de consuno con las instituciones (p. 428): cultura de participación que debe crecer a la vera de un sólido régimen representativo en los órdenes nacional, provincial y municipal. En contra de las modas que en estos días circulan por América latina, la democracia participativa no excluye al régimen representativo y a la legitimidad de la oposición, sino que, de acuerdo con esta perspectiva, los completa y perfecciona.
Como podrá advertirse, la República Democrática es tal vez la forma de Estado más exigente. Es una democracia de fines que nos convoca a desarrollar una democracia de medios capaz de proporcionar los instrumentos fiscales, la calidad de las instituciones, el respaldo de los derechos y la economía que hagan posible llegar a disfrutar de los beneficios de esta magnifica promesa. Por ahora estamos en la Argentina a mitad de camino, luego de soportar terribles crisis que, sin embargo, no consiguieron derribar ese mínimo de democracia y república gracias al cual podemos seguir construyendo. Quizás en este “hilo de seda” de la legitimidad democrática, como lo llamó Guglielmo Ferrero, se pueda encontrar una de las virtudes de la instauración de la democracia que despegó en 1983. Tenemos experiencia y conciencia de los errores y también sabemos que “vivir en una república es lo mejor que hemos hecho los argentinos” y que sólo siendo conscientes de esa certidumbre podremos avanzar hacia delante (p. 517).
Con esa certeza el autor de este libro se mantiene de pie a la altura de sus ochenta años sin dar el brazo a torcer, fundamentando sus palabras y sus razones. En el registro de este elogio del diálogo, la tolerancia y la solidaridad, esta es una invitación a discutir argumentos y retemplar el ánimo cívico. Al cabo de esta lectura, lo digo con gratitud.

“Fundamentos de la República Democrática. Curso de Teoría del Estado”, de Raúl Ricardo Alfonsín, es fruto del curso de pos-grado dictado por el ex presidente de la Nación en 2005 en la Facultad de Derecho de la UBA.

ALFONSIN BASICO
CHASCOMUS, 1927. EX PRESIDENTE
Se recibió de abogado en 1950 y en 1958 era elegido diputado provincial, cargo que ocupó hasta el golpe de Estado de 1962. Al año siguiente llegó al Congreso de la Nación como diputado, presidiendo su bloque. Cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participó activamente en los reclamos por los desaparecidos durante la última dictadura militar. En las elecciones de 1983 fue elegido presidente de la Argentina, dirigiendo los destinos del país en la etapa más difícil de la transición democrática.

Artículo publicado el 07/04/07 sobre el Libro de Raúl ALFONSIN.
Revista Ñ (Clarín)
Libros – Comentarios
Sábado 7 de abril de 2007
NATALIO R. BOTANA

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