LA POLÍTICA DE MEDIOS EN LA NUEVA GESTIÓN

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LA POLÍTICA DE MEDIOS EN LA NUEVA GESTIÓN

No seríamos muy originales si dijéramos que hoy los medios masivos son el termómetro de la vida social, que son quienes imponen la agenda socio-política actual. Tampoco lo seríamos si sostenemos que existe un vínculo muy estrecho entre medios y Gobiernos de turno. Sin embargo, hace falta posicionarse con respecto a qué se debe hacer con los medios en una etapa de supuesta transformación social, con la superada crisis de 2001 a nuestras espaldas, y el festejo del Bicentenario hacia delante.

El silencio también decide.

A lo largo de toda la campaña electoral, así como en entrevistas posteriores a su triunfo, Cristina Fernández se dedicó a poner en cuestión cierto manejo periodístico acerca de los temas principales de agenda (INDEC, Skanska, etc), pero nunca señaló cuál iba a ser la política comunicacional de su gobierno.

Durante la gestión de Néstor Kirchner, algunos datos auspiciosos en lo referido a lo comunicacional habilitaban entusiasmarse por un futuro de pluralidad informativa, convivencia democrática entre sectores diversos e información pública de calidad. Algunas de esas medidas fueron la creación del Canal educativo Encuentro, la Resolución 1276/07 de radios en zonas rurales y fronterizas, las radios en las cárceles y la tan demandada Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 1172/03).

Asimismo, la designación de Gustavo López como presidente del SNMP (Sistema Nacional de Medios públicos), celebrada por todo el ambiente cultural, más la puesta a punto de canal 7 a través de la dirección de Rosario Lufrano fueron dos puntos más a su favor en la importancia en el panorama nacional de este tema.

Sin embargo, aquellos funcionan como “parches de alivio” de una estructura normativa viciada de antemano. Es decir, que mientras la Ley que regula la radiodifusión en Argentina sea una ley sancionada por el último gobierno militar en 1981 y que, a su vez, antepone las licencias comerciales en detrimento de las sin fines de lucro, no podemos hablar aún de una política democrática de comunicación.

Más aún a partir del repudiable Decreto 527 del año 2005 que extiende por 10 años el vencimiento de las licencias actuales de radio y TV, manteniendo a los mismos dueños de los medios por lo menos hasta el año 2015. 

Como muestra, basta un botón

Hoy, la comunicación en Argentina es controlada por 3 o 4 grupos empresarios que acaparan una multiplicidad enorme de medios y soportes. Entre esos grupos se destacan los líderes del mercado Clarín, Uno, Vila-Manzano y Telefónica. Lejos están de ofrecer información plural y democrática. Veamos.

El ejemplo harto repetido y más elocuente que sirve para pensar el proceso de concentración de un medio y su connivencia con el poder político de turno es el Grupo Clarín, que se forma como grupo en 1999.

Si bien durante los años 80 se convirtió en el primer diario argentino en adquirir otro medio (Radio Mitre), fue durante la década del 90, con los sucesivos decretos de Carlos Menem, en que el grupo se diversificó hacia otras ramas productivas y concentró su propiedad controlando prácticamente la mayoría de los medios de la industria cultural.

En 1995 adquirió la señal de cable Multicanal y en la actualidad tiene participación mayoritaria en Canal 13, Tyc Sports, TN Noticias, Ciudad Internet, Diario Olé, Revista Genios, La Razón y el 30% de la empresa productora de papel, Papel Prensa S.A.

Un mismo grupo, con apariencia plural y controlando nichos de mercado que van desde Educación hasta Cultura, maneja casi toda la información en Argentina, en un claro atropello a las aspiraciones democráticas de la población. Todo esto mediante el vínculo estrecho con el poder de turno y beneficiado por decretos tanto de Menem, como de Duhalde y Kirchner.

Desafío

La presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner tiene la oportunidad histórica de modificar el carácter privado actual de la comunicación y depositar en la esfera pública el derecho humano universal que esto implica.

Para ello, será necesario crear condiciones para una discusión seria con especialistas, que ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de optar por el sistema de comunicación argentino. Durante más de 30 años profesionales de distintas disciplinas formularon proyectos para democratizar la comunicación, chocando contra la pared de la poderosa influencia y presión que ejercen los grupos empresarios.

Para pensar verdaderamente un país de “un nuevo tiempo histórico” y de “relación madura con América Latina”, es menester cambiar de Ley que regula la comunicación, no sólo por haber sido dictada en la dictadura militar, sino también para seguir la línea de respeto por los derechos humanos.

Nota: Los días posteriores al cierre de este artículo se dio a conocer públicamente la fusión de Multicanal por Cablevisión, posicionando de manera determinante y cuasimonopólica al Grupo Clarín con el 70% del negocio de la TV por cable. Esta operación fue posible por la autorización de la Presidencia de la Nación, en una de las últimas medidas antes de dejar el mandato. Incluso si aludimos a las libres competencias del mercado, significa un atropello a la igualdad de competencia y a la libertad de expresión, dejando vía libre para que Clarín y sus socios den un paso más en el desarrollo del “triple play” (ofreciendo en una misma boleta el servicio de TV, Teléfono e Internet).

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