18/04/2024

CON PROBLEMAS PERO CON MUCHO APOYO

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 No se sabe si la quita de vigilancia ya estaba programada o si fue una represalia a la intensa actividad que vienen desempeñando autoridades escolares, docentes, cooperadores, organizaciones sociales y políticas del barrio, y diputados de la Ciudad, para evitar que el predio donde hacen Educación Física más de dos mil alumnos sea privatizado. (Ver artículo en http://www.alertamilitante.com/noticia/2020-mas-de-2-000-chicos-se-quedan-sin-polideportivo.html).

En ese sentido, la nota presentada el mes pasado por los diputados María Elena Naddeo, Tito Nenna, Aníbal Ibarra y Laura García Tuñon al vicepresidente de la legislatura porteña Cristian Ritondo, es una advertencia para que no se avance en la quita del Polideportivo “Martina Céspedes”.

La Comisión de Cooperadoras que administra el predio junto con las autoridades de las escuelas afectadas mantienen audiencias con diputados de todos los bloques, y es inminente la realización de una reunión conjunta con todos ellos, para expresarles la gravedad del tema y pedirles que hagan pública su posición al respecto.

Ese lugar fue conseguido en 1994 luego de una larga lucha por parte de la comunidad educativa de la zona, pero recién se cristalizó su construcción en 2003. Desde entonces es administrado –tanto en la asignación de espacios y horarios, como en la aplicación de los cada vez más escasos recursos, para mantenerlo en mínimas condiciones de higiene y seguridad- por una Comisión Especial integrada por las Cooperadoras de los colegios que lo tienen asignado.

Actualmente, dicha comisión es presidida por Paola Grossi, que a su vez es Delegada Adjunta de las Asociaciones Cooperadoras del Distrito 4º. Tanto ella, como el Delegado Titular Ricardo Fuentes y otros representantes de Cooperadoras, realizan reuniones de trabajo semanalmente con el coordinador del Club de Jóvenes Pablo Rodríguez, con Eduardo Tissera y demás responsables de la Juegoteca, con Efraín Cruz, de la Feria Gráfica y otras organizaciones sociales y políticas del barrio, así como con las autoridades de cada establecimiento escolar para evitar que el Polideportivo desaparezca.

Sorpresivamente en la tarde del 29 de febrero las autoridades del Comercial 4 recibieron la noticia de que la vigilancia privada sería retirada del predio, dicho por boca del propio personal de la empresa de seguridad. Al instante las autoridades de ese colegio y del Normal 3 se comunicaron con la vice ministra de Educación Ana Ravaglia, quien desconocía esa decisión. Rápidamente la gestión de las rectoras fue exitosa y el Polideportivo continúa teniendo vigilancia las veinticuatro horas. Lo que no se sabe es quién había ordenado dejar al predio sin seguridad.

En la nota dirijida a Ritondo, la Diputada Naddeo –de vasta experiencia en el área educativa y docente del Normal 3– junto a los otros tres diputados, se advierte que la primera sanción del Despacho 781/11 adolece de un error que debe subsanarse. Al votarse el llamado a licitación de tres predios bajo la autopista 25 de mayo para la construcción y explotación privada de un centro cultural, comercial, gastronómico y turístico denominado “Feria del Sur” (ver “El peligro de la palermización” en https://www.alertamilitante.com/informes/1977-el-peligro-de-la-palermización.html), no se advirtió que uno de ellos pertenece al Ministerio de Educación desde 1994, según lo dispuesto por la Ordenanza 48.886.

Los representantes de los padres y miembros de organizaciones sociales están recorriendo los despachos de los distintos bloques políticos de la Legislatura, para conseguir apoyos a fin de subsanar el tremendo error, y evitar que los chicos de las escuelas públicas de San Telmo se queden sin Polideportivo.

Hasta ahora se han contactado con los bloques de la Coalición Cívica, Frente Popular y Progresista, Buenos Aires para Todos, Frente para la Victoria, UCR e inclusive del PRO. Pero también están poniendo al tanto a los vecinos, a los alumnos y a sus padres, a través de volantes y juntando firmas a mediante un petitorio.

Los miembros de la comunidad escolar estiman que el problema tomará verdadero estado público dos semanas después del inicio de clases en los secundarios.

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