Debilidad y crisis del sistema de protección de derechos de la Ciudad de Buenos Aires (1)

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Estableció que la internación en hogares e instituciones de albergue debe constituir el último recurso, priorizando el ámbito comunitario y la familia ampliada ante la necesidad de proteger a los niños niñas y adolescentes de situaciones de violencia intrafamiliar.
La ley 114 creó el Consejo de los derechos de niños niñas y adolescentes e integró la Red de Defensorías barriales de derechos, recogiendo las experiencias de la Defensoría de Boca Barracas, Centro, Palermo, Once, y otras que fueron creándose a la luz de los debates en defensa de los derechos de la infancia. Este Consejo fue puesto en marcha en el año 2000, y con el mismo se constituye un Plenario integrado por distintos sectores sociales e intergubernamentales. Desde esas instancias se elaboraron normas y propuestas valiosas y necesarias, como la Guardia Jurídica permanente, articulada con todos los hospitales y servicios educativos, la línea telefónica 102 de ayuda a la infancia, transferida desde el ámbito de la Nación, el Registro de chicos perdidos y otras numerosas iniciativas destinadas a la promoción y protección de los chicos de la ciudad.
 
A diez años de su creación, los equipos técnicos y profesionales, los trabajadores del Consejo de los derechos están reclamando la declaración de emergencia en los programas de infancia de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Con fuertes restricciones presupuestarias, con la suspensión de iniciativas importantes como el programa de talleres Sexualidad, género y derechos en las escuelas de la ciudad, el Consejo ha perdido el rol de organismo rector de las políticas públicas específicas. El cuadro con los motivos de consulta de la Red de Defensorías barriales del periodo 2001 al 2009 permite reconocer un fuerte estancamiento de la atención de niños niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un llamado de atención y de profunda preocupación, teniendo en cuenta que la Red comenzó a funcionar con 6 defensorías estatales y tres conveniadas con ongs (nueve defensorías) y llega al año 2009 con diecisiete defensorías estatales y tres convenios para designar abogados y abogadas de los niños en situaciones originadas por las medidas de protección excepcionales.
Es evidente que el incremento enorme del año 2006 tiene que ver con la puesta en marcha de la ley nacional 26.061 que derogó el viejo Patronato de Menores y reconoció al Consejo como  organismo a cargo de la protección de derechos de la infancia. En el año 2007 desciende a niveles de atención promedio, pero sorprende el estancamiento y leve descenso de los años posteriores.  
Maria Elena Naddeo es actualmente legisladora por el Bloque Diálogo por Buenos Aires. Foto AM
 
¿Existe un fuerte desgaste de los equipos interdisciplinarios? ¿La complejidad de las intervenciones vinculadas con la protección contra los distintos tipos de violencia concentra las energías de la mayoría de los profesionales en desmedro de los otros motivos de intervención? ¿Los requerimientos técnicos y burocráticos insumen la mayor cantidad de tiempo de los equipos impidiéndoles ampliar su alcance y llegar a mas cantidad de niños?
 
En los dos últimos años especialistas, legisladores, representantes gremiales y equipos y trabajadores del Consejo de los derechos y de la Dirección General de Niñez Adolescencia de la ciudad han denunciado un “proceso de vaciamiento de los servicios y programas sociales en la Ciudad de Buenos Aires”. Dicha denuncia, se ha traducido en la presentación de proyectos de Ley en los cuales diputados de los distintos bloques políticos solicitan la declaración de emergencia de los servicios de atención de derechos de la infancia, Defensorías zonales, Guardia Permanente de Abogados entre otros dispositivos del Consejo, y los programas de Atención a la niñez en situación de vulnerabilidad y el Programa de fortalecimiento familiar de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. El objetivo de la declaración de emergencia es ampliar y dotar de recursos suficientes a los programas sociales de inclusión y a los servicios de protección de derechos y jerarquizar a quienes tienen a su cargo estas tareas de máxima responsabilidad. Al mismo tiempo se hace necesario defender palmo a palmo los avances de la legislación de infancia, la vigencia de los derechos humanos de los niños y la no judicialización de la pobreza.
 
En estos días el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Social y con la increíble, inédita  participación del Consejo de los Derechos de niñas niños y adolescentes han denunciado penalmente por abandono de persona a padres indigentes en situación de calle con hijos pequeños. La tensión por la enorme cantidad de familias “sin techo” existentes en la Ciudad que se niegan a separarse para ir a dormir a paradores de varones o de mujeres, la carencia de soluciones habitacionales dignas, las restricciones presupuestarias impuestas por funcionarios de corte neoliberal, marca el peor de los retrocesos: recurrir a las viejas y peores prácticas punitivas contra la gente pobre, como soluciones rápidas y “eficientes”. Frente a las críticas de numerosos especialistas y profesionales del área, el Ministerio de Desarrollo Social dio marcha atrás con las medidas, pero este tema evidencia la crisis señalada anteriormente. Los servicios de protección de derechos de la infancia están en franco retroceso y la orientación general del gobierno de Mauricio Macri prioriza otros intereses.
 
Necesitamos recuperar la iniciativa a favor de los niños, articular nuevamente las redes barriales de protección y promoción de derechos, con los centros de salud, los jardines y colegios, los equipos de desarrollo social, de las juegotecas, de las casas del niño y del adolescente, las defensorías y las organizaciones barriales comprometidas con el paradigma de los niños como sujetos plenos de derechos. Por más amplias, universales y fuertes políticas públicas a favor de la infancia. Por la eliminación definitiva de la indigencia y la pobreza. Por una sociedad libre de violencia.
 
*Prof. María Elena Naddeo, ex. Presidenta del Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, actual legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Bloque dialogo por Buenos Aires.
(1) Síntesis del artículo presentado por la dip. Naddeo en el Pre-Congreso Interamericano de infancia a realizarse en Morón, Pcia. De Buenos Aires el 11 y 12 de agosto próximos.
 
 
 
Denunciados por pobres
Funcionarios porteños denunciaron a un grupo de padres por exponerlos al “frío polar” a sus propios hijos bajo. La familia en situación de calle se refugia bajo la Autopista 25 de Mayo son acusados de negarse a la asistencia que les propone el Gobierno porteño.
 
La madrugada del 19 de julio de este año, el abogado Daniel Enrique Magán, en representación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, y e el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo denunciaron en una comisaría a los padres que viven junto a sus hijos menores en la calle (debajo de la Autopista 25 de Mayo) Se trataba de una pareja integrada por un cartonero y una mujer indocumentada, de 51 y 40 años, respectivamente. Sus hijos tienen 10 años y 10 meses. La fiscal que intervino, Claudia Barcia, no dio curso a la denuncia porque el hecho no constituía delito ya que, “las personas sindicadas como autoras se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad”.
 
La imputación de “abandono de persona” no puede ser más irónica teniendo en cuenta la particular situación de estas familias. La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y otros colaboradores terminaron denunciados. Los diputados nacionales Liliana Parada y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, los responsabilizan de dos delitos de acción pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En un pasaje del escrito presentado a la justicia se afirma que “es difícil encontrar casos en los cuales de manera tan manifiesta se haya recurrido a la criminalización de personas en un alto nivel de vulnerabilidad violando la normativa y procedimientos vigentes para ocultar el incumplimiento de sus funciones”.
 
Parada y Lozano, se basaron en un informe del asesor tutelar de menores Gustavo Moreno, sostienen en su denuncia que “surge asimismo que el día 13 de julio el subsecretario Acevedo y el director general de Asistencia Inmediata, Pablo Gabriel Díaz, denunciaron a otros padres con sus hijos menores de edad en situación de calle, quienes rechazaron recursos habitacionales”. De esta manera para Moreno esas presentaciones se transformaron en “una conducta sistemática del Poder Ejecutivo local”.
 
Para los legisladores nacionales, la medida del jefe de Gobierno se enmarca en “la política de persecución de los más vulnerables que comenzó por la represión mediante la UCEP y ahora termina con la criminalización mediante estas denuncias penales…”.
 
La denuncia también menciona cómo el gobierno porteño “ayudó considerablemente a aumentar la situación de calle mediante una enorme cantidad de desalojos administrativos” en los que “cientos de niños fueron arrojados con sus padres a la calle de un día para el otro, pese a estar escolarizados, sin protección alguna del Estado”.
 
 
 
 

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