LAS ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVITAN DEMOLICIONES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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La casa del penúltimo Virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, fue construida a fines del siglo XVIII. Foto am 

 

En una entrevista publicada en la Revista Alerta Militante del mes de abril, Gómez Coronado afirmaba que haría “un uso intensivo de la iniciativa legislativa que tiene la defensoría ya sea para catalogar el inmueble o para realizar todos los cambios de zonificación que a nuestro entender ayuden a mejorar la calidad de vida para preservar la identidad barrial”. La declaración a este medio permitía inferir que la defensa del patrimonio histórico sería uno de los ejes principales de su gestión.

 

Coronado emitió recientemente una resolución “recomendando” al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que “arbitre los medios necesarios” para cumplir con el decreto del año pasado que exige la compra de la casa que debe incluir las otras dos propiedades sobre la calle Bolívar que se incluyen en el paquete, la Editorial Estrada y un lote baldío que se usa de garaje.

 

Pero es la actuación 2143 que inició este año Gómez Coronado en relación a la administración del patrimonio edificado, la que se lleva todos los premios de mérito a la buena gestión. Recordemos que la ley 2548 estipula que toda construcción que se haya construido antes del año 1941, antes de ser demolida tiene que tener un dictamen de un consejo asesor de asuntos patrimoniales. El Consejo funciona en la secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y no ha tenido un funcionamiento expeditivo. Una cláusula “leonina” de la norma sindica que el trámite no puede durar más de 45 días, y expirado dicho tiempo la construcción en cuestión se puede demoler.

 

Atento a esta situación la defensoría porteña requirió por medio de sendas resoluciones un informe con las edificaciones que se habían tramitado hasta el momento. En agosto de este año recibió la respuesta del Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Daniel Chain: estamos hablando de un polígono de 1928 edificios evaluados y en la lista de edificios representativos 1147;  además se recibieron 80 expedientes privados, de los cuales se bloquearon preventivamente 66. Pero en la nota el ministro alega la imposibilidad de cumplir con la norma o especificar “los posibles casos a evaluar”,  porque la dependencia no cuenta con la infraestructura y el personal necesario para poder abordar la tarea encomendada en forma óptima.

 

Sin dudarlo una reciente resolución que lleva la firma de la titular de la Defensoría Porteña, Alicia Pierini recomienda al ministro dé instrucciones al área de Supervisión de Patrimonio Urbano de la DGIU “y demás reparticiones que considere pertinentes” los medios y personal necesarios para hacer cumplir la ley. De esta manera Chain tiene un plazo de treinta días para responder el oficio.

 

 

 

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