LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA SUSPENDER LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA SUBTERRANEA EN LA AVENIDA 9 DE JULIO

El Dr. Gerardo Gomez Coronado, Defensor Adjunto del Pueblo porteño en el área de Patrimonio

En el mes de julio de este año el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció sorpresivamente un proyecto de construcción de dos túneles bajo la avenida 9 de Julio que conectarían los accesos Norte y Sur de la Ciudad. Según las estimaciones de la comuna la autopista subterránea disminuirá un 30% del tránsito en superficie.

 

Para la construcción de esta mega obra costará $ 217,6 millones en su primera etapa y demandará 15 meses de trabajos se llamó a licitación a través de avisos publicitarios, sin convocar a un concurso público de diseños. Previa evaluación el defensor Adjunto del pueblo, Gerardo Gómez Coronado presentó un pedido de informes al Ministro de Desarrollo Urbano sobre diversos aspectos de la realización de tal obra. En la respuesta que fue ingresada a la Defensoría del Pueblo el 14 de agosto, el Poder Ejecutivo continuó justificando su accionar amparándose en la Ley 3060, por la que considera innecesaria la remisión del proyecto a la Legislatura de la Ciudad.

 

“La resolución es elocuente y contundente respecto a la necesidad de que el Gobierno suspenda la licitación de la autopista subterránea para tratar estas obras faraónicas como lo que efectivamente son, y no como si fuera la reparación de una calle”, declaró el defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado.

 

La resolución clarifica que la construcción de los cuatro túneles implica la afectación del subsuelo, y para ello la Constitución de la Ciudad establece que debe aprobarse por ley de doble lectura. Ésta obligación exige evaluar previamente el impacto ambiental y la realización de audiencias públicas, sin embargo, la licitación fue llamada antes de iniciar el proceso de evaluación ambiental dispuesto por la Ley 123.

 

Por otra parte se le solicitó al Ministerio de Desarrollo Urbano que tenga en consideración las recomendaciones emitidas por la Defensoría en la Resolución 5883/02, respecto a la contaminación bajo el cruce de la avenida 9 de Julio e Independencia.

 

 

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