"LA EMERGENCIA HABITACIONAL VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS CASAS TOMADAS"

Compartir!

Gente en la calle
Foto Telam

El fuego se expandió dentro del lugar con particular rapidez debido a la existencia de pequeñas casillas de madera y cartón que dividían el espacio. El saldo lamentable fue la muerte de seis hermanos menores de 13 años. Se evidencia la desarticulación y desfinanciamiento de las políticas habitacionales por parte de la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación una entrevista con Jaime Sorín, Decano de la FADU-UBA Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, y Director del Programa de Investigación sobre Emergencia Habitacional.

Hace algunos meses entregamos al Gobierno de la Ciudad los resultados de una investigación centrada en la “Emergencia Habitacional”. En este concepto incluimos todas aquellas manifestaciones que se dan fuera de las Villas de Emergencia, en medio de la trama urbana, y que por ser menos visibles no son objeto de atención por los programas oficiales. Es una suma de situaciones que incluyen el hacinamiento, la falta de infraestructuras, el deterioro creciente de los edificios, el abuso en hoteles y pensiones, la pérdida del hogar por el incremento de los alquileres, etc., que terminan poniendo a miles de familias al borde o en situaciones de ilegalidad e informalidad y sin instrumentos para defender la legitimidad de sus reclamos. Es decir, que la emergencia habitacional va mucho más allá de las “casas tomadas” y, excediendo al fenómeno físico real, afecta los fundamentos de la condición humana, convirtiendo al problema o déficit de viviendas en uno más dentro de la problemática de los derechos sociales afectados por la exclusión y la desintegración social. Y como tal debe ser considerado. En cuanto a la cuantificación, cualquier cifra es posible dada la ausencia de datos oficiales. Situación nada ingenua ya que evita poner en el papel la realidad y muestra el desinterés de sucesivas administraciones por encarar a fondo la problemática, abandonando políticas clientelísticas o meramente asistencialistas. Según nuestras aproximaciones, no menos de 400.000 personas entran en esta categoría, lo que sumado a la población de Villas llegaría a 600.000

Por otro lado, reflejan una tendencia, en la misma línea, asegurando que el problema parece no tener solución. La única solución probable que aparece es el “desalojo”, a tal punto que, según declaraciones a los medios el subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad, Néstor Nicolás, pidió la colaboración del ámbito judicial para desalojar los predios usurpados.

La judicialización de las luchas por los derechos sociales y de las situaciones de legitimidad –más allá de condiciones de legalidad- como única respuesta son típicas de las administraciones conducidas por expresiones políticas de una nueva derecha que, en nombre de la gestión, abandona los valores sociales invocando la defensa última de las jerarquías existentes y el sentido común mas obvio de las clases medias urbanas; entre ellas el olvido de la función social de la propiedad y la obligación de asumirla desde quienes ejercen el gobierno. Antes de hablar de desalojos debería la administración de Macri preocuparse por las razones que han llevado a miles de pobladores de la Ciudad a buscar soluciones por fuera de una pretendida legalidad para procurarse un refugio y soportar la incertidumbre cotidiana sobre su futuro.

El director de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Russo, señaló a los medios que “Las condiciones en el lugar eran muy precarias, daba para que esto fuera para una tragedia ante cualquier llama”. Ahora bien, ¿la gente que vive en estas condiciones cómo obtiene una vivienda?

Debemos considerar que cuando alguien llega a esta situación su problemática no es la de la vivienda y las soluciones deben indagarse desde políticas de integración que incluyan el trabajo, la educación, la salud y el hábitat. Para esto el Gobierno de la Ciudad no tiene alternativas y no visualiza el tema de esta manera; así toda búsqueda se da necesariamente por afuera del sistema.

Hemos conversado con la gente y refieren que solo al “límite”, es decir, con orden de desalojo recién ahí, pudieran acceder a solicitar un llamado “subsidio habitacional” para que el Gobierno dé respuesta a su situación crítica. Dicen los afectados directos que “les dan 400 pesos mensuales para que alquilen supuestamente una vivienda por el término de diez meses” o les derivan a los llamados “hoteles de transito” para dormir a la noche, sin permanecer en el día. Así mismo, relatan que el subsidio es por única vez “y todo ello pasando por las humillaciones comprobatorias de su estado crítico familiar”. Luego de ello pudieran ser, encima, desalojados…

El Gobierno de la Ciudad con el presupuesto que envió a la Legislatura abandonó toda posibilidad de avanzar en programas participativos como el de Cooperativas de Vivienda, disminuyendo en términos reales el monto de los créditos, y no existen programas que abarquen las necesidades profundas de los sectores de bajos ingresos. El subsidio es absolutamente ineficaz y en perspectiva humillante; solo sirve para salir de la coyuntura. El Estado debe formular políticas públicas integrales de mayor alcance y eso puede realizarse si existe voluntad política para dirigir la mirada hacia los sectores más vulnerables y con menores posibilidades individuales. El problema no son ni las casas tomadas ni las villas ni los inquilinatos; el problema no son los pobres sino la pobreza. No se trata de construir “casas” sino ciudadanos con los mismos derechos sociales. Es un problema de justicia no judicial. 

* Periodista Argentina. Colaboradora de Radio Nacional Venezuela

Compartir!

Comentarios

Comentarios