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En los cuentos de Truman Capote existen dos mundos que chocan, que se ignoran en los cuales la convivencia es ríspida y repleta de prejuicios. La educación pública argentina solía ser la envidia de América Latina toda. Hoy las paredes de sus edificios se caen a pedazos mientras que se incrementa la brecha entre los colegios del norte y del sur de la ciudad. Los padres de los infantes de las clases más acomodadas ya no sienten orgullo de enviar a sus hijos a los colegios públicos. Las distancias económicas y el eje norte-sur no conviven, parecen los mundos de Capote en donde las crónicas de apariencias y desencantos son producto de la desigualdad social. Gustavo Lesbegueris investiga y denuncia estas diferencias que son oportunidades desiguales de ciudadanos que no cuentan con sus derechos y que sólo reciben dádivas en tiempos eleccionarios.

"Creo en la manifestación popular por definición" (Gustavo Lesbegueris. Foto AM)

El informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires sobre el estado de la educación ha alcanzado, afortunadamente, relevancia mediática ¿cuáles son los puntos salientes?
“El 19 de noviembre del 2007 presentamos, de cara a la comunidad escolar y a las nuevas autoridades educativas que asumirán funciones el 10 de diciembre, el informe del 2007 de la Defensoría del Pueblo en la que se abordaron una serie de cuestiones que son motivo de preocupación desde hace muchos años, sobre todo lo que se refiere a las desigualdades entre las escuelas del norte y sur de la ciudad. Sigue dándose un presupuesto insuficiente para la infraestructura escolar y siguen faltando escuelas, especialmente, en la zona sur. Todo esto se da en un contexto de un marcado deterioro de los edificios escolares por una deficiente ejecución del presupuesto y de las designaciones presupuestarias. La situación se ha profundizado mientras que se han incrementado significativamente los subsidios a las escuelas privadas, a lo largo de los últimos años, mientras que, a su vez, ha decrecido, comparativamente, el presupuesto asignado a la infraestructura de las escuelas públicas y estatales –cada vez más relegadas-. Por eso, en ese sentido hemos analizado el comportamiento del poder ejecutivo de la ciudad y de la legislatura la cual desechó –o, mejor dicho, dejó de tratar- una ley que presentamos en el 2005 junto con la actual Defensora del Pueblo, la Dra. Pierini, que propiciaba la declaración urgente de la emergencia edilicia de aquellos que sabíamos que estaban en una situación de deterioro. La Legislatura porteña, no sólo no trato este proyecto, sino que, en cambio, sancionó una ley (2189) que crea un fondo de financiamiento para las escuelas privadas en ese sentido. Mientras que en un caso se evitó sancionar una ley, en el otro, sí hubo una voluntad de legislar a favor de las escuelas privadas”.

¿La situación mejoró desde el pico de la crisis de los años 2001-2002?
“Hemos analizado la situación de asignación presupuestaria desde el 2001 hasta el 2007 y las diferencias entre las asignaciones para infraestructura para las escuelas privadas y públicas ha aumentado produciendo, en algunos distritos escolares, una situación de corrimiento en matrícula de la zona norte de alumnos estatales hacia las privadas. Hubo un proceso, en este tiempo, de progresiva transferencia de recursos del sector estatal al privado mientras que, a su vez, se asigna una insuficiente cantidad de recursos a la estructura de las escuelas del estado además agravado por la sub ejecución del presupuesto. Es decir, entre el 2003 y el 2005 se dejaron de asignar 55 millones de pesos que ya estaban programados en el presupuesto, lo que significa inversión en 20 o 22 escuelas de última calidad que son las que están faltando hoy en el nivel inicial y primario, incluso secundario, de la zona sur que faltan para garantizar el acceso de los niños al nivel inicial. ¡Hoy hay más de 6.000 niños en listas de esperas que no tienen colegio! Lista de espera es un eufemismo por el cual se registra a los chicos que quedan fuera del sistema educativo inicial. Recordemos que estos niños provienen, en su inmensa mayoría, de familias que no tienen los recursos para optar por ir a un jardín privado y ese 71% del total de los niños en listas de espera, habitan la zona sur de la ciudad. Es decir que se excluyen chicos y, en su mayoría, provenientes de los sectores populares produciendo claras consecuencias negativas en aquellas familias, madres que no consiguen trabajo porque no tienen a quien dejar a sus hijos o los dejan con otros menores, etc. Además de las consecuencias educativas de la falta de posibilidades para los pequeños de no tener acceso a la socialización temprana, el juego, un idioma, y que comenzarán el primario en una situación de desventaja frente a aquellos que sí pudieron asistir al jardín maternal y luego al de infantes.”

Es interesante remarcar la asimetría entre la zona sur y el norte de la ciudad. Diría que es una constante apreciación que surge cuando la revista realiza este tipo de notas con personas encargadas de controlar e investigar estas lamentables realidades ¿Qué más se puede agregar al respecto?
“Existe una marcada asimetría en las escuelas primarias entre lo que es la matrícula de alumnos y la cantidad de edificios escolares. Es inversamente proporcional, o sea, hay más escuelas en donde menos matrículas existen y hay menos escuelas en donde más se necesitan. Además se agrava porque la mayoría de las escuelas de jornada completa están en la zona norte y las de jornada simple, en la zona sur. Las consecuencias de ese hecho es que los chicos de la zona sur pasan muchas horas en el colegio sin contar con un comedor y deben almorzar en los mismos pupitres. Los niños que más necesitan la jornada completa son los que sus padres pasan más horas fuera de casa, trabajando casi el día entero. Esto que reclamamos está firmado y aprobado por la Ley de Educación pero no se cumple: universalizar la sala de 4 años, obligatoria la sala de 5 y extender a jornada completa el nivel primario. Estos postulados de la Ley de Educación Nacional queda en la nada sino hay un correlato en la realidad. En esa dicotomía entre la ley y la realidad, venimos trabajando. Un ejemplo, en ese sentido es la escuela 4 del Barrio Ilia –cerca de la Avenida Riestra- que funciona como escuela de jornada completa y no debería ni funcionar como tal porque el comedor es un pupitre, pierden horario de clases, se juntan los alumnos de ambos turnos, esperan horas para desocupar las aulas, limpiarlas, perdiendo tiempo de clase y de la educación básica. Sobrepoblación de aulas, espacios pequeños, asimetría norte-sur, ejemplo: el distrito 10º de la zona Nuñez y Belgrano cuenta con 6.200 matrículas y 23 escuelas públicas mientras que el distrito de Lugano con 9.600 alumnos disponen de solo 14 distritos escolares. Esto es un ejemplo de marcada desigualdad regional y educativa que a veces es suplida por programas que lanza el ministerio de Educación que los valoramos, además del compromiso de los docentes que trabajan en contextos desfavorables pero marcamos lo que está faltando. Entendemos que una jurisdicción como la ciudad de Buenos Aires, con sus amplios recursos, debería dar otro tipo de respuesta ante este tipo de desigualdades.”

Si en todos estos años de gobiernos progresistas, la situación no mejoró más allá de un maquillaje de programas de salvataje, pero sin tocar las cuestiones de fondo ¿qué expectativas tiene frente a la llegada al gobierno de Mauricio Macri?
“Es un tema que… es una incertidumbre. Habrá que ver cuáles son las políticas que implementan y la realidad se verá en las cuestiones concretas. Todavía no está sancionado el presupuesto pero si nos basáramos en el presupuesto que envió el gobierno saliente, se reproduce aquello de transferir recursos a las escuelas privadas y destinar menos dinero a las públicas. Ahora se está hablando de un endeudamiento, para pagar obras de infraestructura. Preferiría no adelantarme en ello. Lo que sí está claro que la legislatura tuvo una actitud diferencial entre escuela pública y privada, con cuestiones que no fueron discutidas de cara a la sociedad como las que mencionaba al comienzo de la nota. Ha habido estos corrimientos del sector público al privado sin que fueran parte de la agenda pública, y se destinaron fondos de todo sin debate de ningún tipo. Los subsidios a las escuelas privadas no se saben realmente ni quiénes lo reciben ni cuánto. Hemos propuesto desde el año 2005 un proyecto de ley y varias presentaciones al poder ejecutivo para que se publique en la página web del gobierno de la ciudad, el enorme número y nombres de escuelas que reciben este tipo de ayuda, subvención o aporte. Esto ayudaría también a que los padres, ante situaciones de aumento de matrículas, puedan tener un sustento informativo de si es justo o no ante el subsidio que reciben del estado. Sin embargo, durante todos estos años, se sigue dando un tratamiento secreto o reservado. Igualmente, hemos recibido información al respecto y la hemos publicado en la página www.defensoria.org.ar como indica la propia constitución de la ciudad que debería hacerse”.

Da la impresión que para el grueso del sector político, la educación y la salud es una dádiva y no un derecho de todos…
“Lo que decís vos es fundamental para tener conciencia de que la educación es un derecho humano esencial pero sin embargo vivimos situaciones que reproducen desigualdades hasta en las propias formas de respuesta del Estado. A los problemas de infraestructura se respondió instalando aulas conteiner, en las escuelas ubicadas en los barrios humildes, pero no se les ocurrió instalar un contenedor en el Mariano Acosta o en otra escuela de clases medias. Es algo totalmente discriminatorio por las respuestas diferenciadas pues, a un alumno les contratan un micro para trasladarlos de un lado a otro, y otros alumnos les ponen un contenedor, nada más”.

Tuviste un rol fundamental en el desarrollo del esclarecimiento de la masacre de los 3 chicos de Floresta y defendiste a las Madres y a las Abuelas en la brutal represión en Plaza de Mayo del 20 de diciembre del 2001. ¿Cuál es el peso que tiene, a tu entender, la movilización popular?
“Creo en la manifestación popular por definición. Es la posibilidad de ejercer los derechos de forma consciente y de trasladar esas convicciones al resto de la ciudadanía. La movilización popular debe estar acompañada de propuestas, iniciativas y acciones que acrecientan el grado de conciencia ciudadana, sobre todo en los sectores populares para que conozcan sus derechos, con el fin de romper esta lógica perversa de la dádiva y del clientelismo y cambiarla por los derechos humanos de todos los habitantes y de los que están sufriendo situaciones de exclusión y menoscabo. Influye la movilización popular, claro que sí.

¿Cómo un ciudadano se puede acercar a la Defensoría del Pueblo?(Ubicada en Venezuela al 850, barrio de Monserrat)
“Recibimos muchas denuncias de los padres –estamos abocadas a las cuestiones educativas- por falta de vacantes, hacinamiento en las aulas o padres que no consiguen guarderías como es tu caso… es difícil generar conciencia de estas cuestiones por parte de las autoridades. Además la ciudadanía está adormecida o son temas que no están en la agenda mientras que otras cuestiones –le menciono la cuestión de la inseguridad-están presentes todo el tiempo en los grandes medios de comunicación. También están los problemas de los chicos derivados de barrios sin escuelas a otros barrios con los problemas que ello acarrea: problemas de transporte, falta de condiciones de infraestructura de familias, padres y chicos que no tienen el derecho a elegir a que colegio ir –no ya si voy a estatal o privada- sino que ¡tampoco pueden elegir un colegio de su barrio y son derivados a otro lado! Y la ley dice que se debe garantizar el derecho de contar con una vacante en algún colegio de la jurisdicción en donde vivís. Lamentablemente estas cuestiones no están instaladas para debatirlas públicamente y masivamente. (Al día siguiente de esta nota, Gustavo Lesbegueris es invitado afortunadamente al programa de Nelson Castro por el canal TN para denunciar estas mismas cuestiones).

 El gobierno nacional habla de estos temas pero ¿existe una real voluntad política de atacar estas desigualdades o se hace algo según el ánimo social?
“La verdad que yo creo que tiene que haber algo de las dos cosas. Se debe generar una conciencia ciudadana de lo que son los derechos y exigir que el Estado los cumpla como están garantizados en las leyes. Es un trabajo que hay que dar con las organizaciones de sociedad civil y todos los sectores sociales para presionar sobre el Estado para influir en estos indicadores de desigualdad social. En la educación se reproducen estos circuitos injustos más globales como la distribución del ingreso, cuestión que ha queda como una asignatura pendiente de la sociedad, y principalmente, del gobierno. A pesar que se vislumbran cambios positivos en muchas áreas, creo que estos temas son el gran desafío de la próxima presidenta y su gobierno”.
Le pregunto por su concepción del progresismo y ejemplos de tipos que realmente lo son. Nos ponemos de acuerdo en una vieja frase de un dirigente político que algún día la historia le dará la razón, “El verdadero progresismo se ve a la hora de armar el presupuesto”. “Vemos mejoras en algunas áreas, hay avances y cosas que defender y sostener pero en lo que hace a revertir las causas profundas de las desigualdades sociales que se instalaron desde la dictadura militar hasta acá, bueno, sería muy cuidadoso en decir si alguna vez hubo un verdadero progresismo o si los que dicen serlo, lo son realmente en los hechos. Debería surgir una fuerza social que exprese estos valores y principios de un progresismo, o como lo quieras llamar, pero en serio.”

* Lic. Cs. Del Comunicación (UBA). Redacción Alerta Militante


PROYECTO PARA QUE LOS COLEGIOS PRIVADOS
FUNDAMENTEN LA NO ADMISION DE INSCRIPCIONES.

Padres estudiantes de diferentes instituciones educativas privadas se reunieron en la Defensoría del Pueblo “para evitar que quede postergado por tercera vez el tratamiento del proyecto que obliga a los establecimientos a explicar la negativa.”

La iniciativa es impulsada por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de las 60 denuncias recibidas desde 2004 a la fecha contra los colegios que negaron rematriculación con la sola invocación del llamado "derecho de admisión". Una vez finalizada la reunión los padres hicieron pública una carta que enviaron los legisladores porteños donde expresan su preocupación por las prácticas "que naturalizan en nuestras escuelas los valores de la arbitrariedad, la exclusión sin causa fundada e, incluso, la discriminación".
En otro párrafo de la misiva se expresa que "no pueden legitimarse, en consecuencia, expulsiones encubiertas y arbitrarias en la escuela bajo la figura del denominado derecho de admisión”. El derecho de admisión se basa en una resolución -la 641 del Ministerio de Educación-, dictada en 1981, en plena dictadura militar, donde queda establecido el denominado "derecho de admisión", sin necesidad de ningún tipo de fundamentación.

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